La peligrosa estafa que estuvo circulando en grupos de Facebook de Ibiza con la falsa venta de perros de raza fue desbaratada en una operación conjunta entre la Guardia Civil, Interpol y la Policía Nacional de Colombia.
Se trata de una red criminal internacional que había defraudado en España más de 150.000 euros a un total de 250 víctimas, a través de estafas de ventas de animales de compañía.
Tal como había alertado La Voz de Ibiza, el modus operandi de la banda se iniciaba con una supuesta adopción gratuita de un bichón maltés de apenas tres meses. El anuncio incluía una historia emotiva donde los supuestos dueños explicaban que no pueden hacerse cargo del cachorro debido a un viaje inesperado a París.
Sin embargo, a lo largo de una extensa conversación, quedaba al descubierto una historia cargada de manipulación emocional, insistencia y engaños bien elaborados.
Según pudo comprobar este medio que se ha puesto en contacto con los estafadores, los nuevos dueños debían hacerse cargo de los gastos de traslados. Para eso, tenían que realizar un pago anticipado en una estación de servicio, un procedimiento completamente irregular.
“Debes acudir a una estación de servicio Repsol o Cepsa y comprar cuatro cupones Paysafecard de 50 euros. La empresa necesita confirmar la compra para activar el envío. Una vez confirmado, te enviarán un correo electrónico con los horarios de vuelo y entrega del cachorro”, detallaron.
El método de pago solicitado, cupones prepagados, es una señal inequívoca de fraude. Una vez que el estafador recibe los códigos de los cupones, el dinero desaparece sin dejar rastro y la víctima no vuelve a tener contacto con él.
Operación ‘Canmoney‘
Este sábado, la Guardia Civil ha informado que hay un total de 28 personas detenidas y 30 investigadas entre España y Colombia, a los que se les atribuye 681 delitos, aunque las investigaciones continúan abiertas y podrían alcanzar el millar, destaca el Instituto Armado.
El operativo ha permitido a la Benemérita esclarecer un total de 681 hechos delictivos: 335 estafas, 158 usurpación de estado civil, 95 falsificación de documentos, 33 amenazas, 60 blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La organización ha logrado un volumen de más de 35 millones de euros en transacciones con criptomonedas, y ha llegado a ingresar más de tres millones de euros en efectivo a lo largo del territorio español.
La operación -bautizada ‘Canmoney‘- se inició tras una denuncia por estafa, tras pagar por la compra de una mascota que nunca llegó a recibir. El dinero obtenido de las estafas era ingresado en cuentas bancarias y, posteriormente, convertido en criptomonedas para ser transferido a cuentas de la organización.
Las estafas se centraban en la supuesta venta de perros de compañía ofertadas por unos 500 euros a través de diversos portales de compraventa. Para ganar la confianza de las víctimas, los estafadores enviaban documentos de identidad usurpados, previamente obtenidos de otras personas estafadas.
Tras recibir el primer pago, los presuntos vendedores exigían un segundo pago y si la víctima se negaba, era amenazada de muerte mediante mensajes o llamadas telefónicas. Las amenazas incluían imágenes intimidatorias de armas de fuego, para asegurar que la víctima realizara el pago del transporte.
Las primeras investigaciones culminaron con la detención de un implicado en la provincia de Valencia, que fue el arranque de esta macro investigación.
Las criptomonedas eran empleadas como una «herramienta estratégica» para dificultar la detección de los fondos ilícitos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, facilitando al mismo tiempo su integración en el sistema financiero legítimo.
Un «punto clave» de la investigación fue la implicación del propietario de un locutorio, quien aprovechaba su actividad laboral y conocimiento del sector para actuar como testaferro en España, detalla la Guardia Civil.
Tanto el dueño como su pareja, ingresaron unos tres millones de euros mediante cajeros automáticos distribuidos en diversas provincias españolas. Estos fondos eran posteriormente convertidos en criptomonedas y enviados a cientos de direcciones de criptomonedas, dificultando su rastreo.
Estructura jerarquizada
En los escalones más bajos de la organización, diferentes personas ubicadas en España y Colombia se encargaban de la apertura de cuentas bancarias donde sería depositado el dinero procedente de las estafas.
En un segundo escalón, los miembros se encargaban de recepcionar el dinero, convertirlo en criptomonedas y depositarlo en direcciones de criptomonedas descentralizadas.
Estas eran operadas a su vez por miembros de la organización ubicados en Colombia y Camerún y eran estos últimos los principales líderes.
En los doce registros practicados -nueve en España y tres en Colombia– se han confiscado los teléfonos móviles que habían sido utilizados para cometer las estafas y mantener contacto con las víctimas.
También se han incautado propiedades, vehículos, ordenadores, máquinas contadoras de billetes, dispositivos móviles e informáticos, dinero en efectivo, billeteras frías, criptomonedas, armas de fuego ilegales y documentación relacionada.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación con la DIJIN (Dirección de Investigación Criminal) de la Policía Nacional de Colombia e Interpol, el Centro Cibernético Policial y la Oficina Nacional de la Dirección de Investigación Criminal de Interpol de la Policía Nacional de Colombia, así como con Europol.
Las víctimas han sido identificadas en 43 provincias de la geografía española: Zaragoza, Badajoz, Castellón, Madrid, Córdoba, Huesca, Jaén, Logroño, Cantabria, Sevilla, Toledo, Valladolid, Cáceres, Vigo, Vizcaya, Valencia, Barcelona, Granada, Almería, Huelva, A Coruña, Albacete, Asturias, Navarra, Murcia, Alicante, Pontevedra, Guadalajara, Girona, Ceuta, Burgos, Orense, Palencia, Málaga, Álava, Ciudad Real, Cádiz, Cuenca, Zaragoza, Tenerife, Tarragona, Islas Baleares, Las Palmas y Zamora.
