La compañía ibicenca de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales Mare Nostrum S.L. ha presentado una querella de acción penal contra cinco jueces a los que acusa de la posible comisión de los delitos de prevaricación, falsedad, descubrimiento y revelación de secretos y abuso de funcionario público en el ejercicio de su función.
En la querella presentada ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB), que obra en poder de La Voz de Ibiza, se pide que se abra investigación contra los jueces Antoni Rotger Cifre, Salud de Aguilar Gualda, Rocío Nobelda Martín Hernández, Gloria Martín Fonseca y Jaime Tartalo Hernández.
Esta nueva causa penal deriva de la trama de corrupción denunciada por Mare Nostrum sobre la investigación del cobro de sobornos que sacude al Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL) y a la Inspección de Trabajo de Baleares, entre los que se encuentra implicado Iago Negueruela, mano derecha de Francina Armengol.
En este caso, Mare Nostrum acusa a los magistrados de actos delictivos que habrían obstaculizado investigaciones cruciales para la resolución de su caso.
En tal sentido, apunta contra cinco miembros de la carrera judicial a los que acusa de una serie de delitos graves en el marco de actuaciones judiciales relacionadas con investigaciones sobre irregularidades administrativas y posibles tramas delictivas.
De qué se los acusa
El letrado de Mare Nostrum basa la acusación sobre cuatro ejes: la prevaricación judicial, la revelación de secretos, el encubrimiento y el abuso en el ejercicio de funciones públicas.
Por eso, acusa al juez de Instrucción Nº 8 de Palma de emitir resoluciones injustas y prolongar innecesariamente el secreto de las actuaciones durante más de 17 meses, bloqueando diligencias cruciales como el acceso a correos electrónicos relacionados con la presunta trama criminal.
Para la compañía ibicenca, el juez habría prorrogado la medida de secreto de manera injustificada, impidiendo que las partes tuvieran acceso a pruebas relevantes. Además, omitió emitir mandamientos judiciales necesarios y claros para investigar correos electrónicos y registros, bloqueando así el avance del caso.
En tanto, a las magistradas de la Audiencia Provincial Aguilar, Martín y Nobelda, de que habrían emitido un auto injusto al rechazar, sin fundamento legal, un recurso de queja para recurrir contra la inacción del juez instructor, Según la querella, esta decisión fue ilegal y muestra de prevaricación.
Información confidencial
Además, pide que se investigue a Antoni Rotger por la posible divulgación de información confidencial contenida en el expediente judicial para presentar una denuncia disciplinaria contra el abogado de Mare Nostrum S.L., utilizando documentos de las diligencias en curso.
Jaime Tartalo Hernández habría manipulado documentos y providencias, alterando fechas para encubrir las irregularidades cometidas por sus colegas magistrados en resoluciones previas.
Y, por último, señala que Antoni Rotger habría utilizado su posición para obstaculizar las investigaciones y proteger a los funcionarios señalados como parte de una supuesta trama delictiva.
Además, plantea que “dada la gravedad de lo denunciado”, debería ponerse en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial “la incoación de esta causa y decidirse cautelarmente (…) la suspensión de funciones de los querellados”.
La causa de origen
El caso de Mare Nostrum contra el IBASSAL y la Inspección de Trabajo de Baleares denuncia una serie de presuntas irregularidades y malas prácticas en la tramitación de su expediente de acreditación como servicio de prevención ajeno.
Mare Nostrum ha señalado que funcionarios de ambas entidades habrían eliminado, destruido u ocultado documentos clave del expediente. También se acusa a estos funcionarios de haber retrasado deliberadamente la tramitación del expediente y de haber colaborado con terceros, como la empresa Diconsal, para obstaculizar la acreditación de Mare Nostrum.
Además, se presentaron correos electrónicos que sugieren una posible trama de corrupción, en la que funcionarios del Ibassal y la Inspección de Trabajo habrían actuado en connivencia con otras entidades para favorecer intereses particulares a cambio de beneficios económicos.
En junio pasado, el juez Rotger Cifre dictó un auto de reapertura del sobreseimiento provisional al considerar que la nueva documentación aportada podría demostrar la perpetración de los delitos denunciados.
Esta nueva documentación incluye pruebas sustanciales que indican que altos funcionarios del IBASSAL y de la Inspección de Trabajo, junto con el ex conseller de Trabajo y Turismo, Iago Negueruela, podrían haber estado involucrados en un esquema de sobornos y manipulación de la tramitación de acreditaciones.
Los correos electrónicos y las comunicaciones internas presentadas revelan un presunto plan para favorecer a la Fundación Laboral de la Construcción y a otra empresa del sector de prevención de la salud laboral, DICONSAL, a cambio de beneficios económicos, comprometiendo la imparcialidad y la legalidad del proceso administrativo.
