El 2 de octubre del 2023, el Govern balear emitió un decreto de emergencia mediante el cual creaba la figura de vivienda de precio limitado (VPL). “Serán las nuevas viviendas creadas a partir de las diferentes medidas que regula este decreto-ley que posibilitan ir más allá de las limitaciones establecidas por el planeamiento urbanístico en referencia a los usos, densidades residenciales, edificabilidades y alturas máximas permitidas”, decía el texto.
Edificios con más altura, reconversión de locales en viviendas, división de viviendas grandes en más pequeñas fueron los instrumentos puestos al servicio de la iniciativa privada. Para la iniciativa pública, el decreto facilitaba la cesión de solares calificados como equipamiento a promotores para que los destinen a alquiler a precio limitado.
Las medidas del decreto, aprobado en el 2024 por el Parlament balear, destinadas a la iniciativa privada han sido un fracaso en Ibiza. Máxime teniendo en cuenta la elevada demanda de vivienda que hay en la isla. Solo un puñado de proyectos es el saldo en 15 meses de vigencia.
Por ayuntamientos
El texto del decreto aclara que “de forma general, y también en particular para cada una de las medidas, el decreto-ley es de eficacia inmediata, pero habilita a los ayuntamientos, competentes en materia de urbanismo, para acordar su limitación (o no aplicación) de forma genérica o específica en un determinado ámbito por las razones que estime oportunas”.
Según datos recabados por La Voz de Ibiza de los cinco ayuntamientos de Ibiza, este grupo de medidas apenas ha creado un puñado de nuevas viviendas. A saber:
- Sant Joan. Desde el Ayuntamiento han informado que solo hubo dos expedientes en esta línea, que permitieron que “emergieran” tres viviendas nuevas. “El resto de expedientes son ampliaciones de viviendas, anexos”, etc, informaron desde el municipio.
- Ibiza. Las medidas aún no han permitido aportar más viviendas. “Aunque se han hecho consultas, aún no se ha tramitado ningún cambio de uso que permita la creación de nuevas viviendas sin construir”, han señalado desde el Ayuntamiento.
- Santa Eulària. Hay solo un expediente de cambio de uso de vivienda, que está en trámite.
- Sant Antoni. Desde el Ayuntamiento han explicado: “El Planeamiento de Sant Antoni ya permitía el cambio de local comercial a vivienda, por tanto, el decreto 6/2023 de medidas urgentes en materia de vivienda, en este ámbito, no afectaría al municipio”. Incluso, han remarcado que se busca “impedir en la zona del núcleo antiguo (CA1 y CA2), el cambio de uso de local a vivienda en la planta baja”. Es por eso que, “con el objetivo de conservar el tejido empresarial y comercial del casco antiguo, ya que en los últimos años ha habido una tendencia de cambio de locales a vivienda”, se aprobó una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)”. De hecho, los cambios de uso de locales a vivienda pasaron de 3 en 2022 a 11 en 2024. En otras palabras, si bien el cambio de uso ha crecido, no se debe directamente al decreto de emergencia, sino que era una tendencia que ya estaba permitida.
- Sant Josep. El Ayuntamiento aún trabaja en recopilar los datos solicitados por La Voz de Ibiza.
“Medidas de goteo”
Ante la consulta de La Voz de Ibiza, desde la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear han admitido que medidas como la reconversión de locales en vivienda o las subdivisiones son “medidas de goteo”.
En cambio, destacan que el decreto sienta las bases para aumentar la oferta de viviendas a precios asequibles. La apuesta está en los cambios de uso del suelo que señala el decreto. A partir de ahí, el Govern desarrolla el programa Construir para Alquilar, en convenio con distintos municipios.
En ese marco, se han anunciado acuerdos con los Ayuntamientos de Ibiza y de Santa Eulària para la construcción de 600 viviendas. En todo Baleares se esperan construir más de 4.000 nuevas viviendas.
Estos planes estuvieron en dudas hasta finales del año pasado por una disputa con el Gobierno central, que había advertido por la posible inconstitucionalidad del decreto. El Ejecutivo de Pedro Sánchez había señalado que medidas como las que proponía el decreto debían hacerse a través del planeamiento de cada ayuntamiento y había amenazado con interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional. El Govern, en cambio, apuntaba que esto hubiera dilatado mucho los tiempos ante una crisis, como la de vivienda, que no puede esperar.
Finalmente, desde el Gobierno central y el Govern balear alcanzaron un acuerdo para salvar el decreto de emergencia habitacional.
