El Sindicato de Inquilinos de Ibiza y Formentera ha expresado su descontento con las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno español para combatir la crisis de vivienda.
Aunque reconocen ciertos avances, como la recuperación de viviendas embargadas y su incorporación al parque público, califican las propuestas de insuficientes para hacer frente a los retos específicos de las Pitiusas.
En su opinión, estas medidas no atacan de raíz los factores que han disparado los precios del alquiler y de la vivienda en las islas, dejando a muchos residentes en una situación de extrema vulnerabilidad.
Una crisis que sigue agravándose
Desde el sindicato advierten que la situación en Ibiza y Formentera es excepcionalmente crítica. Los precios del alquiler y de compra no solo están entre los más altos del Estado, sino que además continúan aumentando sin control. A pesar de las intenciones anunciadas por el Gobierno, no hay señales claras de que estas iniciativas puedan reducir los costes actuales ni frenar el fenómeno de la especulación inmobiliaria.
El colectivo también ha cuestionado la efectividad de algunas medidas específicas, como la restricción de compra para ciudadanos extracomunitarios, que, según afirman, tiene un impacto limitado en las islas. Explican que la mayoría de los compradores e inversores en las Pitiusas provienen de países de la Unión Europea, por lo que esta propuesta no ofrece una solución real al problema.
Reivindicaciones urgentes para las Pitiusas
El sindicato ha insistido en que el problema de la vivienda en las Pitiusas requiere acciones mucho más contundentes y específicas. Consideran que no es suficiente con incrementar el parque de viviendas públicas, sino que es necesario regular de manera efectiva el mercado inmobiliario para garantizar el acceso de la población local a un precio justo.
Además, han subrayado la importancia de frenar el fenómeno de los alquileres turísticos ilegales, que, en su opinión, han drenado de manera significativa la oferta de viviendas disponibles para residentes.
Por otro lado, proponen declarar las Pitiusas como «zonas tensionadas turísticamente», lo que permitiría implementar regulaciones específicas para paliar los efectos negativos del turismo en el mercado de la vivienda. También han planteado la necesidad de movilizar las viviendas vacías que existen en las islas, garantizando su disponibilidad para alquileres asequibles.
Un llamado a actuar con decisión
El sindicato ha señalado que las medidas anunciadas hasta ahora no solo son insuficientes, sino que además no abordan problemas fundamentales como la falta de control sobre las actividades especulativas y la ausencia de un marco regulador efectivo. También han cuestionado la voluntad de las administraciones locales para asumir su parte de responsabilidad en la implementación de soluciones reales.
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