La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) han expresado su preocupación por la okupación de un hotel en Cala Bona, en el municipio de Son Servera. Este suceso, protagonizado por un grupo organizado de unas 30 personas, ha encendido las alarmas en el sector turístico y empresarial de la isla.
En Ibiza, después de la temporada 2021 fue okupado el hotel Club Punta Arabí, propiedad de Francisca Sánchez Ordóñez Paquita Marsan, y que la próxima temporada será gestionado por Fergus tras obras de reforma para reposicionarlo.
La FEHM, a través de su vicepresidenta ejecutiva, María José Aguiló, ha exigido medidas inmediatas para el desalojo del establecimiento y ha reclamado un marco regulatorio que «deslegitime estas conductas delictivas» y proteja a los empresarios de situaciones de indefensión.
Según Aguiló, el impacto de la okupación va más allá de la propiedad privada, afectando también a puestos de trabajo vinculados al establecimiento, que estaba a punto de reanudar su actividad tras la temporada baja.
Por su parte, la Pimem ha alertado de que esta problemática, tradicionalmente vinculada a viviendas, se está trasladando a los alojamientos turísticos, naves industriales y fincas agrícolas, perjudicando gravemente a las pequeñas y medianas empresas.
Su presidente, Jordi Mora, ha señalado que «las empresas no pueden permitirse seguridad privada y son especialmente vulnerables debido a una legislación demasiado laxa».
El caso del aparthotel Sol y Mar
El incidente ocurrió en el aparthotel Sol y Mar, cerrado por temporada, donde los okupas se instalaron en varias habitaciones, justificando su permanencia con tickets de compras recientes.
El propietario, tras ser alertado, presentó denuncia ante la Guardia Civil, pero las tensiones aumentaron cuando los okupas también interpusieron denuncias por coacciones contra él.
Una empresa de desocupación montó un control de acceso en la puerta del inmueble, permitiendo la salida pero no la entrada de personas, lo que generó momentos de crispación. El establecimiento permanece bloqueado, mientras las autoridades analizan cómo proceder.
Reacciones institucionales
La FEHM ha mantenido reuniones con la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, para abordar el impacto de este fenómeno en el sector turístico y empresarial. Aguiló ha enfatizado que «la Administración dispone de mecanismos para asistir a personas en situación de necesidad, pero no se puede consentir la violación de la propiedad privada».
Ambas federaciones coinciden en que esta situación genera un perjuicio económico, social y de imagen para Mallorca, especialmente en un contexto donde el turismo es un pilar fundamental de la economía insular.
