El Govern balear ha dado luz verde al proyecto de ampliación de la subestación de Sant Antoni de Portmany y la instalación de baterías de almacenamiento de 66 kV, proyecto que ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental Favorable y ha finalizado su trámite administrativo. La previsión es que las obras comiencen «en el primer trimestre de este año» y finalicen en un plazo de 15 meses, con la puesta en servicio planificada para 2026.
El proyecto, desarrollado por Red Eléctrica de España y presupuestado en 76 millones de euros, contempla la instalación de dos baterías modulares de almacenamiento con una potencia total de 90 MW (45 MW cada una) y una capacidad energética de 67,5 MWh (33,75 MWh cada una). Están diseñadas para maximizar el uso del cable submarino entre Mallorca e Ibiza, duplicando su capacidad de intercambio de 100 MW a 190 MW.
La instalación básica de almacenamiento en baterías (BESS o Battery Energy Storage Systems) consta de dos tipos de elementos: las baterías con sus sistemas de control y seguridad, y los módulos que alimentan las baterías de electricidad y las comunican con el sistema de operación (inversor, transformador y telecomunicaciones).
Fuentes oficiales del Govern balear han precisado a La Voz de Ibiza que «el proyecto ha culminado su evaluación ambiental, con Declaración de Impacto Ambiental Favorable» así como «toda su tramitación administrativa».
Asimismo, acaba de recibir Resolución por parte de la Consejería de Empresa, Ocupación y Energía, concediendo la Autorización Administrativa de Construcción. La previsión oficial es iniciar las obras «en el primer trimestre de este año», mientras que la fecha prevista de puesta en servicio del proyecto «es acorde a lo contenido en la Planificación Energética vigente», es decir, en 2026.
¿Qué impacto tendrán las baterías en Ibiza?
El sistema de baterías de almacenamiento, plenamente integrado en la Red de Transporte, permitirá “maximizar el uso del enlace existente con Mallorca y los beneficios inherentes a todos los enlaces eléctricos submarinos baleares”.
Entre estos beneficios se encuentran la reducción del funcionamiento de la generación térmica local, la disminución de emisiones de CO₂, la reducción de los costes del sistema, un aumento en la penetración de energías renovables y una mayor garantía de suministro.
En el caso del enlace entre Mallorca e Ibiza, se duplicará la capacidad de intercambio eléctrico, pasando de los 100 MW actuales a 190 MW. Esto permitirá “reducir significativamente la necesidad de funcionamiento de la central térmica de Eivissa” y reforzará la capacidad del enlace, que ya cubre un promedio anual del 65% de la demanda de Ibiza. Con esta ampliación, el porcentaje aumentará considerablemente, potenciando la sostenibilidad y estabilidad del sistema eléctrico.
Además, en Formentera, donde el 100% de la demanda eléctrica ya se satisface con el enlace existente, la infraestructura añadirá garantías adicionales de suministro, reforzando la seguridad del sistema entre las pitiusas.
Coordinación con otras infraestructuras
Este proyecto se coordina con otras iniciativas estratégicas de Red Eléctrica en Ibiza, como el enlace submarino de doble circuito entre Mallorca e Ibiza a 132 kV, el enlace Ibiza-Formentera y el desarrollo del Eje Sur de Ibiza. Este último incluye:
- La nueva línea soterrada de 4,7 km entre las subestaciones de Ibiza y Bossa.
- La subestación Sant Jordi de 132 kV.
- La repotenciación de líneas aéreas existentes.
Según Red Eléctrica, “el sistema de baterías y el desarrollo del Eje Sur conforman una alternativa eléctricamente equivalente y más sostenible que el proyecto anterior de Es Fornàs”.
En conjunto, estas acciones “reforzarán decisivamente la seguridad de suministro eléctrico, especialmente en la zona oeste de Ibiza, y favorecerán la transición energética de la isla a través de los enlaces existentes». Esto posiciona a Ibiza y Formentera como referentes en sostenibilidad y modernización del sistema eléctrico en las Islas Baleares.
Oposición vecinal en Benimussa e impacto ambiental
A lo largo de 2023 y principios de 2024, se han reportado distintas protestas organizadas por la Associació de Vesins Davall Benimussa en las que han manifestado su rechazo al proyecto.
Además, la organización encomendó la elaboración un estudio de incidencia a la consultora Duna Balears, el cual concluyó que el proyecto tendría «un coste ambiental inasumible» cuantificado en «más de 15 mil metros cuadrados de vegetación».
En paralelo, el Estudio de Incidencia Paisajística anexo al proyecto concluye que “la fragilidad paisajística se puede valorar como baja con carácter general, debido a la intensa fragmentación de las cuencas visuales por la vegetación arbolada, que introduce numerosos y continuos apantallamientos visuales en un entorno tan llano».
Además, destaca que “la proximidad del proyecto a una instalación del mismo significado permite minorar todavía más la fragilidad paisajística del emplazamiento.”
Sobre la eliminación de vegetación, el estudio oficial explica que el proyecto se ubicará en “una parcela agrícola hace tiempo abandonada, hoy día de aspecto naturalizado, en la que hay diversos ejemplares de pino carrasco y sabinas dispersas, además de matorral diverso». Y añade: “Estas formaciones de vegetación natural no constituyen una estructura bien formada, por lo que la tala de sus ejemplares no repercute en un cambio visual drástico en el paisaje”.
En cuanto a las medidas correctoras, el informe oficial detalla que «el proyecto se ha diseñado bajo una estrategia de integración paisajística, de manera que se adapten formalmente (volúmenes, altura y color/textura de las fachadas) a las edificaciones-instalaciones de su entorno».
