El PSOE de Ibiza ha solicitado formalmente al Ayuntamiento la ampliación del plazo para presentar alegaciones al presupuesto municipal de 2025 hasta el 3 de febrero. Según los socialistas, la publicación inicial de las cuentas municipales en un espacio no específico de la web el pasado 13 de enero incumple lo estipulado en la Ley de Transparencia, que exige su exposición en el Portal de Transparencia durante al menos 15 días.
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En un comunicado, el PSOE ha señalado que este incumplimiento supone un obstáculo para que la ciudadanía pueda acceder a la información de manera adecuada y en tiempo útil. «La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece en su artículo 8.1 que los presupuestos municipales deben publicarse con descripción de las principales partidas presupuestarias y su estado de ejecución, algo que no se ha cumplido», destacaron.
El PSOE ha acusado al equipo de gobierno, liderado por Rafael Triguero, de no fomentar la participación ciudadana en el proceso de tramitación de los presupuestos. «El Ayuntamiento tiene la obligación de facilitar esta información en el Portal de Transparencia, no en un espacio genérico de la web municipal, como un ejercicio de publicidad activa y de acuerdo con los principios de buen gobierno», insistieron.
Además, el grupo socialista recordó que los órganos administrativos deben publicar tanto la versión inicial del proyecto presupuestario como la documentación complementaria y dar seguimiento al estado de la tramitación para garantizar que los ciudadanos y colectivos interesados puedan participar de forma efectiva. Según el PSOE, esto no se ha cumplido, lo que consideran una muestra de «soberbia» por parte del equipo de gobierno del PP.
Ante esta situación, el PSOE presentará una moción de control y una solicitud formal para que el periodo de exposición pública de los presupuestos se amplíe hasta el 3 de febrero. Argumentan que esta extensión permitiría subsanar el incumplimiento de los plazos legales y garantizaría el derecho de los ciudadanos a revisar las cuentas y presentar alegaciones.
