Como parte del proceso de reglamentación de la nueva Ley de Taxis, se han abierto dos períodos de exposición pública: el reglamento de los servicios del taxi y de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) en las Islas Baleares.
Este procedimiento se encuentra habilitado desde ayer lunes y se extenderá hasta el 14 de febrero.
Según han detallado desde el Govern, tienen por objeto “conocer la opinión de la ciudadanía previamente a la redacción del texto porque las personas y las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la norma futura puedan opinar y hacer aportaciones sobre los problemas existentes que se pretenden solucionar, sobre si es necesario y oportuno aprobar una nueva norma, qué objetivos tiene que tener y las posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias”.
Las aportaciones se pueden presentar en forma telemática a través de la Sede Electrónica, mediante el formulario disponible en el Portal de Participación Ciudadana del Govern, en forma presencial en cualquier oficina de asistencia en materia de registro o por correo postal mediante un escrito dirigido a la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Vivienda, Territorio y Movilidad.
La Ley de Taxi
Aprobada el 16 de febrero del año pasado, la Ley 1/2024 modificó la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Islas Baleares.
Esta busca establecer mejoras en la regulación de los servicios de transporte con vehículos de hasta nueve plazas, en la competitividad del sector del taxi y garantizar la seguridad jurídica en la prestación de estos servicios.
Sin embargo, la falta de reglamentación ha generado una aplicación parcial, además de parches administrativos como el reciente proyecto de decreto anunciado por el Govern para establecer una tarifa única por isla, algo con lo que ya cuenta Ibiza y que se encuentra también en proceso de exposición pública.
Los problemas detectados
En la memoria de la consulta previa difundida por el Govern, se recuerda que la Ley 1/2024 “suspende la concesión y la tramitación de los procedimientos pendientes de resolución de autorizaciones ordinarias de arrendamientos de vehículos con conductor y de licencias de autotaxi hasta la aprobación del decreto del Govern de las Islas Baleares en el que se establezcan los criterios objetivos para la concesión de estas autorizaciones, basados en la mejora de la calidad del aire, la gestión del transporte, del tráfico y del espacio público”.
Además, resalta que, en los últimos años, la movilidad de los visitantes ha cambiado sustancialmente. “Existe una tendencia hacia los grupos pequeños, con una mayor utilización de los denominados minibuses, vehículos de alquiler y transporte público, al mismo tiempo que ha disminuido la utilización de los autobuses de cincuenta plazas, que hace unos años se utilizaban de manera prioritaria para los traslados a los hoteles o para realizar excursiones”.
También, en determinados momentos y zonas, existe saturación de carreteras. “Con todo ello, se está llevando a cabo un estudio global de la movilidad en las Islas Baleares que permitirá establecer los criterios para otorgar nuevas autorizaciones tanto de taxi como de VTC para dar servicio tanto a residentes como a visitantes, compatibilizándolos con el respeto al medio ambiente y con la gestión del tráfico y del espacio público”, apunta.
Tal como avanzara La Voz de Ibiza, ese estudio integral lanzado en agosto pasado busca determinar el dimensionamiento actual del servicio público, su calidad y realizar una valoración sobre la proporción disponible de vehículos de transporte de pasajeros. Sin embargo, todavía no se conocen los resultados.
Qué se busca reglamentar
El Govern ha considerado necesario elaborar un reglamento que «desarrolle la regulación contenida en las Secciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª del Capítulo IV del Título I (artículos 47 a 59), y en la Sección 3ª del Capítulo V del Título I (artículos 68 a 74) de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Islas Baleares, con las modificaciones de la Ley 1/2024, de 16 de febrero, de mejora de la regulación de los servicios de transporte con vehículos de hasta nueve plazas y otra normativa de aplicación”.
En términos generales, estas secciones definen el ámbito de aplicación del transporte público urbano e interurbano; las condiciones generales para su prestación; las autorizaciones administrativas necesarias para operar servicios de transporte público; los procedimientos para obtener licencias, plazos y requisitos específicos; las obligaciones de los operadores, como la calidad del servicio, tarifas, horarios y atención al usuario; la inspección y control por parte de las autoridades competentes; y la coordinación entre administraciones y la planificación del transporte, entre otros.
También establece las condiciones para operar servicios de transporte discrecional, como excursiones o traslados bajo demanda; los requisitos para los vehículos; las autorizaciones y licencias necesarias para este tipo de transporte; competencia entre operadores y la protección de los derechos de los usuarios.
