La prisión permanente revisable (PPR), la mayor pena contemplada en el ordenamiento jurídico español, fue incluida en el Código Penal en el 2015 y es una medida rodeada de controversia. El asesino de Sa Pobla se ha convertido recientemente en el primero en recibir dicha pena.
Se trata de una condena que implica cumplir la prisión efectiva por un período inicial que dura entre 25 o 35 años (según si el criminal cometió uno o más delitos, o si estos son delitos vinculados al terrorismo). Luego de este tiempo, la condena puede ser revisada.
La PPR no tiene un límite máximo de duración, lo que hace que se la pueda confundir con la cadena perpetua (una pena no contemplada en España).
En los casos en los que se solicita la revisión, un tribunal debe evaluar si la puesta en libertad del criminal conlleva un riesgo para la sociedad. Si en la revisión se determina que el condenado ha cumplido los objetivos de la pena y no representa un riesgo, puede obtener la libertad condicional. Si no, seguirá en prisión y se revisará nuevamente tras un plazo establecido.
Delitos
La prisión permanente revisable se reserva para delitos muy graves, como:
- Asesinatos especialmente crueles o con agravantes (por ejemplo, de menores, personas con discapacidad o tras un delito contra la libertad sexual).
- Crímenes de terrorismo.
- Homicidios de jefes de Estado o miembros de su familia.
- Asesinatos múltiples.
Vale recordar que el asesino de Sa Pobla ha sido considerado culpable de dos asesinatos con alevosía y ensañamiento, con la agravante de parentesco y discriminación de género –uno de ellos–; y un delito de aborto.
Controversia
Las condenas permanentes generan posiciones enfrentadas. Por un lado, están quienes señalan que se trata de penas necesarias en casos de delitos graves, ya que ayudan a proteger a la sociedad de delincuentes muy peligrosos.
Por otra parte, los detractores de este tipo de penas consideran que vulnera derechos fundamentales, tales como el derecho a la reinserción social. Por eso, señalan que se trata de una pena inconstitucional.
Su instauración en 2015, junto a la Ley Mordaza, ha estado rodeada de polémica.
Aunque con otro nombre, penas similares, con revisión, se incluyen sistemas penales europeos, como en Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido.
Casos emblemáticos
En el tiempo que lleva esta pena en España, ha sido aplicada en casos muy mediáticos. Por ejemplo, Ana Julia Quezada, Condenada por el asesinato de Gabriel Cruz, un niño de 8 años, en 2018; Patrick Nogueira, condenado por el asesinato de sus tíos y primos en Pioz (Guadalajara), o José Enrique Abuín, conocido como El Chicle, condenado por el asesinato de Diana Quer en 2016, en A Pobra do Caramiñal (A Coruña).
