URBANISMO

Las nuevas facilidades de la amnistía urbanística disparan los proyectos de legalización en Ibiza

En un mes desde la convalidación del decreto en ley, el Colegio de Arquitectos visa casi tantos proyectos como en los ocho anteriores

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Mariano Juan, en un Pleno del Consell de Ibiza.

El Consell de Ibiza aún no tiene fecha para autorizar en pleno la aplicación de la ley de simplificación administrativa que incluye la amnistía urbanística entre su articulado. No hay plazo para superar este trámite todavía. Lo que es seguro es que no irá al pleno de febrero. También que el Gobierno no recurrirá al Constitucional la norma.

Mientras el PSOE ha visto frustrado su intento de suspensión cautelar de la medida por parte de los juzgados, el Consell de Ibiza trabaja ayuntamientos y el Colegio de Arquitectos para definir los criterios correctores obligatorios que se aplicarán en la norma en cada proyecto de legalización.

Se trata de las medidas ambientales de mejora de eficiencia energética o hídrica que deberán ser implementadas en cada vivienda que disfrute de este periodo excepcional para legalizar las irregularidades.

Mientras tanto, el proceso permanece en suspenso, ya que a día de hoy las ventajas adicionales introducidas durante la tramitación parlamentaria del proceso de convalidación del decreto no son de aplicación en tanto no se haya adoptado el citado acuerdo de pleno.

Dudas

El Consell de Ibiza ya había aprobado la aplicación de la amnistía urbanística en junio de 2024, en base al decreto autonómico de simplificación administrativa. La derogación de dicho decreto el pasado diciembre y su sustitución por una nueva ley obliga a las instituciones insulares a ratificar nuevamente el procedimiento.

El plazo de tres años vuelve a empezar

La legalización extraordinaria de edificaciones tiene un plazo de aplicación de tres años, pero al requerirse una nueva aprobación, el período volverá a iniciarse. En la práctica, esto significa que los propietarios dispondrán de más tiempo del previsto para acogerse a la regularización.

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El proceso conlleva un coste progresivo, con importantes deducción en función de la renta de cada propietario:

  • 10% del presupuesto de ejecución si se tramita en el primer año.
  • 12,5% en el segundo año.
  • 15% en el tercero.

Ayuntamientos y arquitectos, a la espera de criterios claros

Según datos del Colegio de Arquitectos de Ibiza y Formentera facilitados a La Voz de Ibiza, hasta el 4 de febrero han recibido 65 expedientes de legalización extraordinaria: 39 de ellos entre mayo y diciembre (tras la aprobación del decreto) y 26 de diciembre a febrero, ya con la aprobación de la Ley balear. Los expedientes están paralizados, a la espera de que el Consell resuelva la situación.

Mallorca ya ha dado luz verde

Mientras en Ibiza el proceso sigue bloqueado, el Consell de Mallorca ha avanzado en la aplicación de la amnistía urbanística. En un pleno extraordinario celebrado la última semana, se aprobó nuevamente el procedimiento de legalización de edificaciones en suelo rústico cuya infracción haya prescrito. Esta medida se enmarca en la disposición séptima de la Ley de medidas urgentes de simplificación administrativa de Baleares.

El conseller insular de Territorio, Fernando Rubio, explicó que la modificación de esta disposición exige la aplicación de un nuevo régimen jurídico para beneficiar a Mallorca.

Las condiciones incluyen la presentación de proyectos técnicos de legalización, reducción de contaminación lumínica, aumento de eficiencia energética y la instalación de sistemas de depuración de agua. Además, los propietarios deberán abonar tasas y una prestación económica destinada a la gestión sostenible de recursos naturales y patrimonio municipal.

Nuevas facilidades para regularizar obras ilegales en Ibiza

Entre las modificaciones más destacadas de Ley 7/2024, se encuentran:

  • Flexibilización de los criterios de prescripción: Ahora es más sencillo acreditar la prescripción de obras ilegales, lo que amplía el número de edificaciones que pueden acogerse al proceso de legalización.
  • Posibilidad de realizar reformas en edificaciones fuera de ordenación: Se permite a los propietarios efectuar mejoras en sus inmuebles, siempre que cumplan con las normativas ambientales y de seguridad vigentes.
  • Cambio en el sentido del silencio administrativo: Anteriormente, la falta de respuesta por parte de la administración se interpretaba como negativa. Con la nueva ley, el silencio administrativo pasa a ser positivo, otorgando mayor seguridad jurídica a los solicitantes.
  • Regulación específica para suelo rústico protegido: Se contemplan regularizaciones parciales bajo condiciones ambientales estrictas, permitiendo la legalización de ciertas construcciones en áreas protegidas siempre que se adopten medidas de mitigación ambiental.
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