La hipótesis en la que se ha centrado la investigación policial que desencadenó el operativo contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales que el pasado 2 de octubre culminó con la detención de 27 personas, cuatro de ellas en Ibiza, es que el dinero de la red se legalizaba a través del mercado inmobiliario de lujo en la mayor de las Pitiusas, Marbella y Madrid.
En principio, según los pocos datos que se han podido conocer de la investigación al estar las actuaciones bajo secreto de sumario, las mercantiles ibicencas vinculadas con la trama servían como una enorme lavadora, lo que permitía que la red, presuntamente, también blanqueara fondos de otras organizaciones criminales a cambio de un porcentaje.
En primer lugar, por cada proyecto inmobiliario exclusivo se constituían empresas especificas, lo que se denomina sociedades vehículo, que empezaban a operar desde cero. Claro ejemplo en este caso son las mercantiles Ses Torres 3 Unero SL y Cas Mut Unero SL, ambas creadas para dos proyectos urbanísticos concretos, con un capital social de 3.000 euros que es el mínimo exigible.
Esto contrasta con el volumen de capital necesario para el desarrollo de estas promociones de lujo.
Apariencia de legalidad
Posteriormente, ambas mercantiles recibían millones de euros, presuntamente dinero negro procedente del narcotráfico, que se introducía de forma fraccionada a través del circuito bancario con total apariencia de legalidad como préstamos de socios, falsas ampliaciones de capital o aportaciones de inversores externos difíciles de rastrear, según el caso.
Aquí cobra capital importancia la ‘Cuenta 118’, una figura del Plan General Contable español que permite que los socios inyecten dinero a una empresa sin tener que emitir nuevas acciones ni realizar trámites notariales, como una ampliación de capital.
Para evitar que saltasen las alarmas de los bancos y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) a la hora de justificar ese capital, la red utilizaba empresas pantalla y testaferros internacionales.
Primero se introducía el dinero en efectivo en pequeños negocios que manejaban mucho efectivo, como gimnasios o locales de ocio nocturno, y una vez que ya contaba con una apariencia legal, la empresa pantalla realizaba una transferencia oficial a la inmobiliaria de lujo.
También se recurría a la simulación de operaciones de comercio internacional. La red contaba con empresas que, entre otras cosas, tenían como objeto social la importación y exportación de mercancías, por ejemplo Rodcor Ibiza SL. Cuando el banco exigía la justificación de los fondos, la empresa presentaba documentación falsificada como contratos, albaranes y facturas.
Simulaban que una empresa del entramado estaba comprando o vendiendo bienes legítimos a nivel internacional y, al amparo de ese contrato comercial falso, se transfería el dinero a España simulando ser un pago legítimo.
Otro método para justificar la inyección de capital en las promociones eran los falsos préstamos de inversores extranjeros. Se creaban contratos privados de préstamos puente que se presentaban ante los bancos, que no sospechaban que el dinero pertenecía a la red en origen.
Una vez que las sociedades vehículo tenían en sus cuentas este dinero ilícito aunque con apariencia legal, lo utilizaban para comprar parcelas y financiar la construcción de urbanizaciones y chalets de lujo en zonas exclusivas de Ibiza, Marbella, Madrid, Dubái y República Dominicana.
Para dar salida al dinero efectivo, se acudía a la sobrefacturación y a los pagos en mano a proveedores y constructores.
En cuanto se vendían las villas a compradores legítimos, los beneficios obtenidos de la venta ya eran dinero legal al 100%.
