En una rueda de prensa celebrada este miércoles, el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, se pronunció sobre la polémica en torno al decreto de clausura de Can Jordi, asegurando que el objetivo del Ayuntamiento es garantizar el futuro del icónico bar bajo la normativa vigente.
Además, Roig denunció filtraciones internas que, según él, han puesto en peligro los derechos del establecimiento y han generado una presión innecesaria.
Un decreto que no implica un cierre inmediato
El pasado 5 de diciembre, el Ayuntamiento emitió un decreto de clausura contra Can Jordi por la falta de documentación adecuada para operar, incluyendo la imposición de una multa de 16.500 euros y restricciones sobre el uso de la terraza y la realización de conciertos. Sin embargo, Roig aclaró que no se trata de un cierre definitivo, sino de un procedimiento administrativo para regularizar su situación. «No estamos hablando de un cierre inminente, como se ha titulado en algunos medios, sino de iniciar un expediente y dar 15 días a la propiedad para presentar la documentación faltante», explicó.
Roig subrayó que este tipo de procedimientos administrativos son habituales en el Ayuntamiento, y mencionó que, durante el último año, se han emitido cerca de 300 comunicaciones similares para regularizar actividades en Sant Josep. «La falta de documentación pone en riesgo la actividad, las garantías y los seguros, pero nuestro objetivo es trabajar conjuntamente con la propiedad para solucionar estos problemas», afirmó.
Denuncia de filtraciones internas
El alcalde centró buena parte de su intervención en denunciar lo que calificó como «filtraciones con mala fe» por parte de miembros de la oposición, quienes habrían divulgado información confidencial del decreto. «Es una gran irresponsabilidad que expedientes abiertos desde 2003 no se hayan resuelto junto con la propiedad, especialmente en las dos últimas legislaturas», lamentó. Roig añadió que estas filtraciones no solo afectan al Ayuntamiento, sino que también comprometen los derechos de Can Jordi como negocio y su proceso de defensa.
«Es lamentable que se haya puesto en peligro a un tercero como Can Jordi, que es un icono de Sant Josep y cuenta con el apoyo de miles de personas», señaló. Según Roig, las filtraciones forman parte de una estrategia de desgaste político que, en este caso, ha tenido consecuencias directas sobre el establecimiento. «Dispondremos de los registros de quién accedió al decreto y facilitaremos toda la información a la propiedad si decide denunciar estos hechos», aseguró.
El peso de Can Jordi en la cultura local
El caso de Can Jordi ha generado una amplia movilización en redes sociales, con mensajes de apoyo al bar por su papel en la promoción de la música y la cultura en la isla. «Estoy orgulloso de tener un local como Can Jordi en nuestro municipio. Es nuestra responsabilidad garantizar su futuro, pero siempre cumpliendo con las normativas», concluyó Roig.
El alcalde también hizo un llamamiento a trabajar de manera conjunta y evitar que casos como este se utilicen para generar divisiones políticas o desconfianza en las instituciones. «Las administraciones no son perfectas, pero tenemos el deber de actuar con transparencia y responsabilidad», afirmó, dejando claro que el Ayuntamiento seguirá adelante con los procedimientos necesarios para resolver este conflicto.
