La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este jueves prisión provisional sin fianza para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, al considerar que existe riesgo de fuga en ambos casos.
La petición se formuló durante las vistillas celebradas en el Tribunal Supremo, antes de que se abra juicio oral por la presunta trama de comisiones vinculada a la compra de mascarillas durante los primeros meses de la pandemia.
Además de Ábalos y García, el procedimiento también afecta al empresario Víctor de Aldama, implicado en el supuesto cobro de mordidas a cambio de contratos con la Administración pública. La decisión final sobre las medidas cautelares queda ahora en manos del magistrado instructor, Leopoldo Puente.
Ábalos asegura que no tiene medios para fugarse y denuncia motivación política
Durante la vistilla, la defensa del exministro intentó frenar el ingreso en prisión alegando su arraigo personal, su condición de diputado y la ausencia de medios económicos que permitieran una huida. El propio Ábalos, en declaraciones a la Cadena SER, rechazó la petición de Fiscalía y la calificó de “decisión política”, insinuando que busca presionarle para que colabore.
Al cierre de la sesión sobre Ábalos, la vista para estudiar las medidas cautelares contra Koldo García comenzó a las 12:30 horas, con la Fiscalía manteniendo la misma postura: prisión provisional sin fianza.
El procesamiento: delitos investigados y peticiones de pena
Las vistillas se celebran tras el auto en el que el instructor procesó a los investigados por su presunta implicación en la primera pieza del caso Koldo. Esta rama de la causa se centra en los contratos de suministro de mascarillas adjudicados durante la emergencia sanitaria por Covid-19.
Según ese auto, los delitos atribuidos son cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Con base en esos hechos, la Fiscalía ha solicitado penas muy superiores a las barajadas inicialmente:
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24 años de prisión para José Luis Ábalos
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19 años para Koldo García
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7 años para el empresario Víctor de Aldama
Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, van más allá y piden 30 años de cárcel tanto para Ábalos como para García, mientras que mantienen los 7 años para Aldama.
El papel de la empresa Soluciones Gestión y el origen de la trama
El núcleo de la acusación se sitúa en los contratos adjudicados en 2020, en pleno estallido de la pandemia. Según relata el Ministerio Público, la empresa de Víctor de Aldama, Soluciones Gestión, obtuvo contratos millonarios con Puertos del Estado (8 millones de mascarillas) y ADIF (otros 5 millones) a partir de una orden firmada por el entonces ministro Ábalos.
La Fiscalía sostiene que Aldama accedió al entorno del exministro gracias a un contacto personal: su hermano había trabajado como escolta de Ábalos. A partir de ahí, según el escrito acusatorio, los tres investigados habrían construido una relación orientada a obtener beneficios económicos aprovechando la posición institucional del ministro.
El relato del Ministerio Público apunta a un acuerdo entre los tres implicados para favorecer a la empresa de Aldama en contratos con la Administración a cambio de comisiones repartidas entre todos.
