El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio por las irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid-19.
Así lo ha decidido por unanimidad la Sala de lo Penal del alto tribunal en una sentencia dictada tras la celebración del juicio contra los tres acusados durante los meses de abril y mayo, un proceso que arrancó en el Supremo el pasado 6 de abril y que se extendió a lo largo de 14 jornadas. Los magistrados consideran que los tres acusados conformaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió «graves» delitos de corrupción.
Una trama en torno a 13 millones de mascarillas
Para el tribunal han quedado probados los delitos en la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de entidades dependientes de Transportes —como Puertos del Estado y Adif— a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama. La sentencia da por acreditada también la remuneración mensual de 10.000 euros para «gastos fijos» de Ábalos y la contratación de dos mujeres relacionadas con el exministro, Claudia Montes y Jéssica Rodríguez, en empresas públicas. A esta última, según el fallo, la trama le pagó el alquiler de un piso.
Los magistrados ven igualmente probado el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, así como el alquiler de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción (Cádiz), también con opción de compra, por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y con la concesión de una licencia de hidrocarburos.
Una advertencia sobre la confianza en el sistema político
En su resolución, el tribunal va más allá de los hechos concretos y advierte de que el «efecto más grave» de estas conductas «es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía».
«Una sociedad que percibe que quienes ocupan posiciones de poder actúan guiados por intereses privados, o ajenos al servicio público para obtener un beneficio, experimenta una pérdida de legitimidad institucional, que compromete la estabilidad del propio sistema», sostiene la Sala.
Cumplimiento efectivo: 16 años para Ábalos y 15 para Koldo
Aunque las penas sumadas alcanzan los 24 y los 19 años, los magistrados fijan el cumplimiento efectivo de la condena de Ábalos en 16 años y la de Koldo García en 15 años, en aplicación de los límites legales de acumulación de penas.
El caso de Aldama discurre por una vía distinta. El tribunal le aplica la atenuante analógica de colaboración muy cualificada y suspende la ejecución de su pena por su «aportación realizada al descubrimiento de los delitos». La suspensión queda condicionada a que el empresario no vuelva a delinquir, realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad y presente un informe semestral de sus actividades.
Penas inferiores a las solicitadas por las acusaciones
La Fiscalía Anticorrupción reclamaba 24 años de prisión para el exministro, 19 años y medio para su exasesor y siete años para Aldama. Las acusaciones populares encabezadas por el PP elevaban la petición a 30 años para Ábalos y García —ambos en prisión provisional desde el pasado noviembre— y a cinco años para el empresario.
Durante el juicio, tanto Ábalos como García se declararon inocentes de los hechos que se les imputaban y pidieron su absolución, mientras que Aldama reconoció haber participado en los delitos de cohecho pasivo, organización criminal y aprovechamiento de información privilegiada.
La sombra del ‘caso’ sobre Baleares
El procedimiento, que mantiene a Ábalos y García en la prisión madrileña de Soto del Real desde noviembre, ha tenido ramificaciones en las islas a raíz de la comparecencia como testigo de la expresidenta del Govern y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha sostenido en todo momento que jamás dio instrucciones en la compra de mascarillas por parte del Ejecutivo balear durante la pandemia.
