El asentamiento de Can Rova 2, donde residen unas 200 personas, está un paso más cerca del desalojo. El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palma ha desestimado el recurso presentado por los residentes y ha levantado la suspensión judicial que impedía ejecutar el desalojo ordenado en abril por el Ayuntamiento de Santa Eulària.
En su escrito, el juez no ha aceptado el argumento de “situación de vulnerabilidad” planteado por los afectados, entre los que se encuentran 18 familias y 19 menores. La resolución judicial también toma en consideración el último informe remitido por el consistorio tras el incendio ocurrido el 26 de junio en una caravana, donde se alertaba de riesgos graves para la seguridad y salubridad en la zona.
El auto autoriza ahora al Ayuntamiento a retomar el operativo para desmantelar el asentamiento, aunque le exige que aporte información actualizada sobre las medidas sociales y asistenciales que vaya tomando para atender a las personas vulnerables que allí residen. El objetivo: evitar que queden desprotegidas durante el proceso.
Cronología: tres meses de incertidumbre en Can Rova 2
La situación en Can Rova 2 ha sido objeto de atención institucional y mediática en los últimos meses, especialmente tras los incendios y denuncias vecinales que advertían del deterioro del lugar.
El 9 de abril se dictó un auto judicial autorizando el desalojo y desmontaje del poblado. Ese día comenzó un gran operativo para concretar el desalojo antes de que llegara la noche. Pero, súbitamente, las cosas cambiaron.
Horas después de comenzado el operativo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma dio lugar a una reclamación de los habitantes del asentamiento chabolista. Los afectados afirmaban que desconocían el procedimiento que iba a derivar en desalojo y no habían tenido tiempo de presentar una defensa.
Qué denuncia el Ayuntamiento
El asentamiento se creó hace casi un año, en agosto de 2024. Desde entonces el Consistorio ha registrado graves deficiencias en salubridad, seguridad eléctrica y vertidos, además de un alto riesgo de incendio por su cercanía a zonas forestales. El Ayuntamiento ha calificado las condiciones como “inhumanas” y ha dicho que “no puede considerarse una forma de vida digna”. Sobre todo, ha señalado la administración, porque entre quienes se exponen a estas condiciones extremas hay niños.
En línea con estas advertencias, el incendio del 26 de junio puso al límite el sistema de emergencias de Ibiza.
El informe de servicios técnicos el Ayuntamiento señala que en la parcela ocupada se ha consolidado un núcleo ilegal de infraviviendas en suelo rústico protegido. Allí hay, además, canalizaciones de agua desalada que abastecen a zonas estratégicas como hospitales y barrios residenciales. Por ello, el Consistorio ha señalado que cualquier incidente podría comprometer el suministro a buena parte de la isla, incluidas zonas sanitarias sensibles.
Además, el Ayuntamiento ha advertido que el asentamiento atenta contra el equilibrio ecológico de la zona.
Qué hará ahora el Ayuntamiento
Ante un reciente incendio en Can Rova 2, el Ayuntamiento había insistido en la necesidad de un desalojo inminente. Además, el consistorio había reclamado la intervención del Defensor del Pueblo para destrabar la actuación en el asentamiento.
Sin embargo, ante la consulta de La Voz de Ibiza, la reacción inicial del Ayuntamiento ha sido la prudencia. «En este caso no haremos comentarios y estudiaremos junto con la Dirección Insular, como proceder», se han limitado a decir.
