El Consell de Ibiza ha reclamado por los perjuicios que está generando el nuevo Registro Único de Arrendamientos impulsado por el Gobierno central, una herramienta diseñada para luchar contra el alquiler turístico ilegal que, según la institución insular, está afectando también a viviendas turísticas legales.
Es que más de 300 propiedades con licencia han quedado excluidas de plataformas de comercialización como Airbnb o Booking, a pesar de estar registradas en el censo insular y cumplir todos los requisitos.
Esta situación se deriva de la entrada en vigor del Real Decreto 1312/2024, que establece que toda vivienda turística debe contar con un número de registro único validado en el Registro de la Propiedad para poder ser anunciada en plataformas digitales.
Sin embargo, muchas viviendas de Ibiza ya inscritas legalmente han visto revocado su número por dicho registro, generando una situación que el Consell califica de “inseguridad jurídica”.
Según publica el Periódico de Ibiza y Formentera, el Govern balear recibió en septiembre una carta del Ministerio de Vivienda en la que se instaba a la práctica de inspecciones y clausuras de viviendas supuestamente irregulares. Esta comunicación fue trasladada al Consell, que pudo constatar la revocación de 326 números de registro únicos, de los cuales el 90% correspondían a propiedades legales, inscritas en el registro insular de actividades turísticas.
En su respuesta dirigida el Gobierno central, el Consell expresa su «perplejidad» por el contenido y el momento de la misiva, y critica duramente al Ministerio por delegar tareas de inspección a órganos que no tienen competencia en turismo, como la Conselleria de Vivienda del Govern balear.
Además, considera que el decreto, presentado como la solución definitiva para erradicar la oferta ilegal, ha resultado ser un instrumento «ineficaz», según Períodico de Ibiza.
La máxima institución insular reivindica el trabajo realizado en Ibiza para limpiar las plataformas de alojamientos sin licencia, una estrategia que —según el Consell— ha permitido retirar más de 2.900 anuncios irregulares, equivalentes a unas 14.500 camas.
El Sistema de Inteligencia Turística ha confirmado una reducción de hasta 7.000 pernoctaciones ilegales diarias y un total de un millón menos esta temporada, en comparación con años anteriores.
“El turismo es un motor económico fundamental para nuestra isla”, defiende el Consell, que acusa al Ministerio de “responsabilizar injustamente al sector turístico” de su propia incapacidad para resolver el problema del acceso a la vivienda.
La institución también exige al Gobierno “seguridad jurídica para los pequeños propietarios”, especialmente aquellos con viviendas vacías durante gran parte del año, según datos del INE.
Finalmente, el Consell recuerda que problemas estructurales como los de Ca n’Escandell continúan sin resolverse por la “inacción o lentitud del Ejecutivo central”.
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