La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha llevado a los tribunales la limitación de entrada de vehículos en Ibiza. El organismo ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consell insular que restringe el acceso de automóviles a la isla durante los veranos de 2026 y 2027, y ha solicitado además su suspensión cautelar, después de haber pedido sin éxito a la institución que modificara la norma antes de acudir a la vía judicial.
La CNMC no discute que el Consell tenga competencia para controlar la entrada de vehículos con fines medioambientales y de sostenibilidad. Su objeción se dirige a un punto concreto: el sistema con el que se reparten las autorizaciones entre las empresas de alquiler, que a su juicio discrimina a determinadas compañías y restringe la competencia sin justificación suficiente, en perjuicio de los usuarios.
El reparto que cuestiona Competencia
El foco del recurso está en cómo se adjudican las 14.000 autorizaciones previstas para vehículos de alquiler sin conductor. Según detalla la CNMC, las primeras 12.000 se conceden directamente a las empresas que ya obtuvieron autorización en 2025, un reparto basado en criterios históricos que deja fuera a los nuevos operadores; el regulador subraya que la asignación del año pasado tampoco siguió criterios competitivos, sino el orden de presentación de las solicitudes. Las 2.000 restantes se adjudican por requisitos —prioridad para las empresas con más plazas de aparcamiento, local abierto al público y personal suficiente—, en rondas de hasta 25 vehículos por solicitante.
Para la CNMC, el conjunto favorece a las empresas ya establecidas, dificulta la entrada de nuevos competidores y reduce los incentivos para competir en precios, variedad, calidad o innovación. El organismo admite que este año se han incorporado criterios ambientales y de antigüedad de la flota, pero considera que su efecto real es limitado porque solo afectan a un número reducido de solicitudes.
No es la primera vez que Competencia carga contra el modelo ibicenco: ya recurrió el sistema de reparto de la temporada anterior. La impugnación se suma, además, a la presión judicial que la regulación arrastra desde su aprobación, después de que la patronal Baleval se reservara acciones legales por el retraso en la asignación de los cupos.
Cuarto recurso consecutivo en Formentera
En paralelo, la CNMC ha recurrido por cuarto año seguido las restricciones equivalentes de Formentera para el verano de 2026, a la espera de que se resuelvan los recursos ya presentados en 2023, 2024 y 2025. El organismo ha impugnado dos acuerdos del Consell de Formentera adoptados al amparo de la Ley 7/2019.
Como en Ibiza, no cuestiona la competencia de la institución para limitar el acceso, pero reprocha varias medidas: que se limiten las autorizaciones para vehículos de uso particular, que se asignen las de alquiler sin conductor con criterios históricos y, sobre todo, que se fije en cero la cuota de vehículos de alquiler con conductor (VTC), lo que a su parecer discrimina a este servicio frente al taxi y reduce las opciones de los consumidores. Las decisiones fueron adoptadas por el Pleno del Consejo de la CNMC en sus sesiones del 9 y el 30 de junio, al amparo del artículo 5.4 de la Ley 3/2013.
El Consell defiende «con toda la firmeza» la regulación
El Consell de Ibiza no ha tardado en responder. La institución ha presentado este mismo jueves, ante la Sección Contenciosa-Administrativa del Tribunal de Instancia de Palma, su escrito de oposición a las medidas cautelares con las que la CNMC pretende frenar la aplicación del límite. Sostiene que la regulación desarrolla la Ley 5/2024 y constituye una herramienta imprescindible para reducir la congestión viaria, proteger el territorio, preservar la calidad de vida de los residentes y garantizar una movilidad más sostenible durante los meses de mayor afluencia. Suspenderla cautelarmente, argumenta, causaría un perjuicio directo al interés general, superior a cualquiera de los alegados por el recurrente.
La institución rebate también el núcleo del reproche de la CNMC. Recuerda que la propia Ley 5/2024 obliga a fijar tanto un techo máximo de vehículos como el sistema de adjudicación de las cuotas de comercialización, y defiende que el modelo aprobado cumple ese mandato mediante criterios objetivos que —afirma— garantizan la competencia efectiva, protegen las inversiones acreditadas en la isla, incorporan criterios ambientales y permiten el acceso de nuevos operadores. El escrito insiste en que el sistema mejora los anteriores en proporcionalidad, seguridad jurídica y objetividad.
El vicepresidente primero y conseller ejecutivo de Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha asegurado que el Consell defenderá la regulación «con toda la firmeza» por tratarse de una de las principales herramientas de que dispone Ibiza para afrontar la saturación. A su juicio, el recurso «no es un hecho aislado», sino que se enmarca en una actuación dirigida a dificultar las políticas de contención impulsadas por la institución.
Juan ha llevado el choque al terreno político al lamentar que «desde el Gobierno de España se sigan poniendo obstáculos a una regulación que solo pretende proteger a los ibicencos y garantizar un modelo de movilidad más ordenado». La institución, ha añadido, defenderá ante los tribunales «el derecho de Ibiza a aplicar las herramientas que la ley le reconoce para proteger su territorio» y no renunciará a ninguna de ellas «porque los ibicencos no pueden ser los perjudicados cada vez que esta isla intenta poner orden».
Baleval ve confirmada su tesis
La reacción del sector no se hizo esperar. La asociación Balear de Alquiler de Vehículos (Baleval), que agrupa a cerca del 90 % de la actividad de alquiler de vehículos en Baleares, sostiene que el recurso de la CNMC confirma su posición: que los cupos de Ibiza y Formentera «contravienen la ley» y que hace falta una revisión profunda para afrontar los problemas de tráfico «con medidas efectivas y no con prohibiciones». Su presidente, Cristóbal Herrera, reivindica que las empresas de rent a car «formamos parte de la solución» y pide a las instituciones «que cumplan la ley sin favoritismos».
La patronal defiende que las limitaciones chocan con las normas de competencia estatales y europeas y recuerda que los coches de alquiler son «los más nuevos y menos contaminantes» del parque circulante. Frente a la restricción, plantea alternativas como mejorar el transporte público, adaptar las infraestructuras al crecimiento de la población y gestionar las zonas más problemáticas, según la nota de prensa remitida por la asociación.
El marco de la limitación
La regulación se aplica entre el 1 de junio y el 30 de septiembre y fija este verano un techo de 17.668 autorizaciones diarias —2.500 menos que en 2025—, de las que 14.000 corresponden al rent a car, 3.548 al resto de entradas y 120 a residentes en Formentera. Como principal novedad de esta temporada, las sanciones se aplican desde el primer día, sin el periodo pedagógico del año anterior, con multas que pueden alcanzar los 30.000 euros.
