Con el caso del pelotazo millonario del hotel Amistat aún fresco en el panorama político y judicial de Ibiza, el Govern balear ha decidido eliminar del nuevo decreto ley de turismo toda la regulación prevista para los albergues juveniles. El texto definitivo, publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) el pasado martes, ha suprimido a última hora los artículos que preveían un nuevo encaje legal para este tipo de alojamientos, justo cuando la figura vuelve a estar bajo la lupa tras el mayor “pelotazo” legal en el sector turístico pitiuso.
Cabe recordar que la investigación de La Voz de Ibiza reflejó, además de beneficios millonarios para Amistat, también el malestar en el sector hotelero ante lo que denominaban como una injusticia histórica en las reglas de juego.
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Respecto a la normativa, en el borrador, el Ejecutivo contemplaba una vía para que los albergues reconvertidos en turísticos pudieran volver a inscribirse como juveniles mediante una declaración responsable. También se detallaban requisitos como el límite de edad para los usuarios, la actualización del proyecto educativo o el certificado negativo del Registro de Delincuentes Sexuales para el personal.
Sin embargo, todo este articulado ha sido retirado en el último momento, dejando sin marco actualizado a una figura que fue usada en Ibiza para operar como alojamiento turístico eludiendo las exigencias del modelo reglado.
El borrador que quedó fuera
El borrador del decreto incluía la modificación de dos disposiciones clave: la disposición vigesimosegunda de la Ley de Turismo de 2012, y la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2022 del tiempo libre educativo para la infancia y la juventud.
Estas reformas pretendían ordenar la situación de los albergues juveniles que, en su momento, pasaron al ámbito turístico por no cumplir los requisitos del entorno educativo y social.
La norma preveía que dichos establecimientos pudieran volver a ser considerados albergues juveniles presentando una declaración responsable en el plazo máximo de un año.
A cambio, se les exigía una serie de condiciones como no acoger mayores de 30 años, presentar un proyecto educativo actualizado, restringir el consumo de alcohol y tabaco, y acreditar que todos los trabajadores contaban con el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
Todo este articulado ha desaparecido del decreto que finalmente ha entrado en vigor. La figura del albergue juvenil permanece, pero sin desarrollo reglamentario actual, y sin la vía legal que abría esta norma para que antiguos albergues reconvertidos pudieran volver a operar bajo ese paraguas legal.
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El pelotazo del Amistat, en el centro del debate
El caso más emblemático vinculado a esta figura legal es el del Amistat Hostel, ubicado en Sant Antoni. En 2016, el antiguo hostal Las Hurdes se transformó en albergue juvenil mediante un cambio de uso aprobado por el Ayuntamiento, entonces gobernado por una coalición de PSOE, Reinicia y El Pi.
Esa operación permitió al establecimiento cuadruplicar su capacidad, pasando de 86 plazas turísticas a 360, sin pagar las tasas ni cumplir los requisitos de la normativa turística.
El proceso se tramitó sin informe de la Conselleria de Turismo, y en un edificio fuera de ordenación, que además incumplía la normativa de aparcamiento.
Gracias a este cambio, el establecimiento pasó del ámbito turístico al educativo y cultural, y pudo funcionar como alojamiento turístico sin estar sometido a las exigencias habituales del sector reglado.
Si el Amistat hubiera ampliado sus plazas como establecimiento turístico, habría tenido que acudir a la bolsa de plazas y pagar 4.500 euros por cada una. En total, el ahorro para la empresa promotora —con sede en Barcelona— se estima en al menos 1,6 millones de euros. A ojos del sector hotelero, fue un pelotazo legal sin precedentes, aprovechando un vacío normativo y una interpretación favorable del marco administrativo.
Retirada de la licencia en marzo
La situación cambió en marzo de este año, cuando el Consell de Ibiza resolvió expulsar al Amistat del registro de albergues juveniles, al considerar que ya no cumplía los requisitos esenciales para estar en esa categoría. La consecuencia directa es que solo podrá operar con 80 plazas —el máximo permitido por la normativa turística— o deberá iniciar un proceso formal de conversión a alojamiento turístico, asumiendo los costes y condiciones correspondientes.
La decisión del Consell fue celebrada por los hoteleros como un acto de justicia normativa y marcó un punto de inflexión en el uso que se había hecho de la figura del albergue juvenil como vía alternativa para el alojamiento comercial.
Una figura sin blindaje
La retirada del articulado sobre albergues del decreto ley deja sin una regulación clara y actualizada a una figura que durante años ha estado en el limbo legal. Aunque desde el Govern sugieren que el área de Juventud desarrollará un reglamento propio, lo cierto es que por ahora no hay calendario ni propuesta concreta para sustituir lo que se ha eliminado.
Mientras tanto, la supresión del marco previsto en el borrador evita que se consolide un modelo que, pese a estar pensado para el ocio educativo, ha sido utilizado para operar como hotel sin cumplir las condiciones que se exigen al resto del sector.
