El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 le apunta a los alquileres ilegales: ha iniciado una investigación en las plataformas del sector para detectar actividad ilegal y sin licencia, con multas que podrían llegar hasta los 100.000 euros.
Desde la Dirección General de Consumo, integrada en este ministerio, se han identificado posibles prácticas de este tipo en diferentes ciudades españolas. En la Isla de Ibiza, se llevan cerca de 500 anuncios retirados de redes sociales. Por ejemplo, el portal de reservas turísticas Booking.com ha quitado en mayo la totalidad de los 35 anuncios de alquiler turístico ilegal en Ibiza que se encontraban en su web y que fueron detectados por el Departamento de Ordenación Turística del Consell insular en un primer listado que se hizo llegar a los responsables de esta plataforma de reservas. Además, se han quitado los anuncios del albergue de Jesús y de las casas de madera dentro del Parque Natural de ses Salines que se alquilaban turísticamente de forma ilegal.
Por eso, Consumo ha dirigido requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre las viviendas que son anunciadas en este ámbito, con especial hincapié “en la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de grandes cantidades de pisos turísticos en diversas comunidades autónomas y que podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales en base al Artículo 47 de la mencionada ley general”.
Fomento de Turismo de Ibiza
En medio del panorama de transformación turística en las Islas Baleares, Fomento de Turismo de Ibiza ha solicitado abordar el intrusismo y la oferta ilegal que afectan al sector, como una de las principales herramientas para combatir la masificación turística.
En la primera reunión de la supermesa conformada por diversos actores económicos, sociales y políticos para debatir el nuevo modelo turístico, esta preocupación ha quedado en segundo plano.
«Es imprescindible diferenciar la oferta turística reglada del intrusismo y de la actividad ilegal que, camuflada de economía colaborativa, tensiona el mercado de alquiler, dificulta el acceso a la vivienda y provoca la saturación de servicios e infraestructuras», remarcaron.
