El Consell Insular de Ibiza emitió en el año 2020 un informe técnico desfavorable a la modificación del plan parcial de la urbanización de Vista Alegre, a requerimiento del Ayuntamiento de Sant Josep. El objetivo de dicha modificación aprobada inicialmente por el Ayuntamiento era dar carta de naturaleza a los desmanes urbanísticos acumulados durante décadas en la urbanización de las villas de lujo de Ibiza, paradigma del urbanismo a la carta de Ibiza.
El citado informe paralizó la modificación urbanística que, sin embargo, nunca fue anulada por el Ayuntamiento de Sant Josep. Entró en una suerte de vía muerta. Si bien, las fuentes jurídicas consultadas por La Voz de Ibiza, no tienen dudas: ese planeamiento no ha estado nunca en vigor y ha decaído de facto y, por lo tanto, el plan parcial a aplicar es el inicial. Precisamente, en virtud de ese planeamiento el Ayuntamiento de Sant Josep ha cambiado de criterio y ha denegado una treintena de licencias y un puñado de finales de obra en una suerte de suspensión de licencias.
La excusa de Fernando Corominas
La existencia de dicha modificación es uno de los argumentos utilizados por Fernando Corominas, presidente de la Junta de Compensación, socio de CIVASA y propietario de la villa que se ha apropiado de un vial público, sobre el que ha construido parte de la piscina olímpica de Sa Calma, villa de su propiedad y que también ha construido un gimnasio en la parcela colindante, propiedad de CIVASA, y sobre la que han empezado las obras de la villa de ensueño del rey del fracking de Texas.
«No vamos a demoler nada», dijo a La Voz de Ibiza Corominas en relación a la licencia de demolición del gimnasio solicitada por la promotora y a la condición de demoler la piscina incluida en la licencia de la nueva villa que se ha empezado a construir en lo alto del acantilado.
Qué dice el informe sobre Vista Alegre
El departamento de Ordenación del Territorio consideró que no era “viable continuar con la tramitación de la presente Modificación Puntual del ámbito I del Plan Parcial” debido a la falta de cumplimiento con la jerarquía normativa, la deficiente adaptación al Plan Territorial Insular de Eivissa (PTIE), la falta de estudios geotécnicos adecuados y la reducción injustificada de zonas verdes. Entre otras notables deficiencias.
Además, se cuestiona la fragmentación del plan parcial (PP) en varias modificaciones puntuales y la posible inviabilidad económica de la propuesta. Por eso, se recomienda realizar una modificación integral del sector en lugar de múltiples modificaciones parciales.
Problemas con las normativas
Según el informe del Consell, la modificación no debería hacerse solo sobre el Plan Parcial, sino también sobre las Normas Subsidiarias (NS), ya que estas últimas contienen errores en la zonificación que deberían corregirse previamente.
Además, el Plan Parcial vigente no está alineado con la legislación urbanística estatal y autonómica, lo que exige una modificación más amplia y estructurada. La modificación se presenta como una adaptación al PTIE. Sin embargo, no cumple completamente con sus determinaciones.
Por ejemplo, no garantiza la reducción del 20% en el número de viviendas factibles en todo el sector AA 3.2. ni asegura el incremento de Espacios Libres Públicos (ELP) en los límites con el Área Natural de Especial Interés (ANEI) en la zona costera.
Además, mantiene una excepción de parcela mínima edificable de 600 metros cuadrados en la zona calificada como ciudad jardín, lo que solo es admisible en el régimen transitorio del PTIE y no en la modificación puntual.
La aplicación del régimen transitorio del PTIE en la normativa urbanística de la modificación no es correcta, ya que este régimen solo es aplicable a la ejecución del PP vigente, no a la modificación.
Parcelas desclasificadas
Además, el Consell establece una serie de parcelas que no deberían ser edificables por presentar diferentes riesgos de seguridad, porque superan el 40% de pendiente, en zonas con riesgo geotécnico o de servidumbre de protección de costas.
Aunque no se proporciona una lista explícita de parcelas que no deben edificarse, sí menciona algunas que presentan problemas específicos. Entre ellas se encuentran las superficies cercanas al desmoronamiento de 2005.
Los riesgos geológicos
La documentación no justifica adecuadamente que las zonas afectadas por los deslizamientos de 2005 están completamente estabilizadas.
Los estudios geotécnicos e hidrogeológicos solo cubren algunas parcelas y viales, sin un análisis integral del ámbito ni garantizan explícitamente la seguridad de las actuaciones urbanísticas previstas, sobre todo a partir del desmoronamiento registrado en 2005 que afectó el bloque de apartamentos Residencial Vista Alegre.
No se ha evaluado cómo el cambio climático puede aumentar los riesgos geotécnicos e hidrogeológicos en la zona. La documentación no garantiza explícitamente la seguridad de las actuaciones urbanísticas previstas.
Menos zonas verdes en Vista Alegre
La modificación reduce la superficie de zonas verdes en un 36,09% respecto al PP vigente, lo que no cumple con el artículo 60 de la LUIB, que exige que las modificaciones mantengan la superficie y funcionalidad de las zonas verdes.
Por si fuera poco, se suman superficies del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) como si fueran zonas verdes, lo que no es válido a efectos urbanísticos.
Y no se justifica adecuadamente la accesibilidad a las zonas verdes, incumpliendo la normativa urbanística.
Problemas con la vialidad y accesos
Algunas vías proyectadas no cumplen con los anchos mínimos establecidos en las Normas Subsidiarias de Sant Josep.
Se hacen previsiones de vialidad fuera del ámbito de la modificación sin que se haya tramitado ninguna modificación en esas zonas. No se especifica correctamente la dotación de aparcamientos exigida por la normativa vigente.
