El reglamento que regulará los servicios de taxi y vehículos de transporte con conductor (VTC) en Baleares entra en una fase decisiva tras recibir el dictamen del Consell Econòmic i Social (CES), un informe preceptivo pero no vinculante que marca una serie de ajustes importantes para garantizar la calidad normativa del texto. Aunque el criterio final es favorable, el CES propone de manera explícita reorganizar la estructura del decreto, concentrando en un único título todo aquello que taxi y VTC comparten.
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Una propuesta de reestructuración profunda del decreto
El CES considera que, tal como está redactado, el decreto dispersa normas comunes a taxi y VTC en varios bloques, duplicando artículos o repitiendo contenidos con pequeñas variaciones. Por ello plantea una reordenación “en positivo”, muy detallada, que permitiría simplificar y dar más solidez al texto.
“El CES propone una estructura alternativa (…) en la que se ubiquen todos los aspectos comunes al taxi y al ATV, y se reserve el Título III únicamente para las especificidades del taxi”, dice el escrito.
El objetivo es claro: “Esta propuesta de reorganización normativa contribuiría al cumplimiento de los requisitos de claridad y coherencia interna”.
El CES también critica que el decreto actual dedica el Título III al taxi, cuando, según su análisis, podría ser más claro reservar ese título para “las especificidades” y mantener lo común en un único bloque. Subraya que esta decisión no solo es una cuestión formal, sino que influye en la seguridad jurídica y en la percepción interna del texto.
El taxi debe reforzarse como “servicio de interés público”
Otro de los ejes del dictamen es la necesidad de remarcar un elemento clave del equilibrio entre taxi y VTC: la naturaleza pública del primero. El CES indica que el decreto menciona esta categoría, pero lo hace de manera insuficiente y sin el énfasis necesario.
El organismo consultivo sugiere que esta condición se explicite mejor en el articulado y no solo de forma dispersa. Según el CES, este refuerzo justificaría de manera más sólida obligaciones específicas del taxi —como disponibilidad continua, cobertura de festivos, servicio en temporada alta, prioridad de ciertas franjas horarias o adaptación para personas con movilidad reducida— que no se aplican a los VTC en la misma medida.
En otras palabras: el CES cree que el decreto debe dejar más claro por qué taxi y VTC no pueden regularse exactamente igual.
Incoherencias puntuales: síntomas de un texto que aún necesita depuración
El CES detecta también “pequeñas incoherencias” y errores de redacción. El ejemplo más evidente es un artículo del capítulo dedicado a los VTC en el que se menciona, de manera improcedente, el “servicio público de taxi”.
La observación es literal: “En el artículo relativo al ATV se hace referencia al servicio público de taxi, lo cual constituye una incoherencia que conviene corregir.”
El CES aclara que estas incoherencias no derivan necesariamente de la separación entre títulos, sino de la propia complejidad del decreto y del proceso de compilar distintas versiones.
Justificación ambiental y proporcionalidad: mejora del preámbulo
El dictamen también sugiere reforzar la argumentación jurídica del preámbulo, especialmente en materia de criterios ambientales y de limitación del número de VTC por isla. El CES afirma: “Sería conveniente profundizar en la motivación de los criterios de carácter ambiental aplicados en el texto”.
Según el CES, cuanto más sólida sea esta motivación, más robusta será la defensa del decreto ante posibles recursos, un aspecto delicado porque el sector VTC suele litigar este tipo de regulaciones.
Un decreto prácticamente cerrado
El dictamen llega cuando el Govern ya trabaja con un quinto borrador del decreto, cuya función es precisamente integrar mejoras técnicas y de lenguaje. El V5 incluye:
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correcciones terminológicas y adaptación al lenguaje inclusivo,
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limpieza de artículos confusos,
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ajustes formales para garantizar coherencia interna.
Pero no modifica los elementos sustantivos ya fijados en el V4:
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longitud mínima de los vehículos,
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revisión quinquenal del número de licencias,
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contratación y precio cerrado del taxi,
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límites de precios del VTC (máx. +75 % en alta demanda),
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régimen disciplinario y obligaciones del servicio.
En resumen: el V5 confirma que el decreto está prácticamente listo, a falta únicamente de los informes jurídicos finales.
Qué falta para la aprobación definitiva
Como explicó la Dirección General de Movilidad a La Voz de Ibiza, el procedimiento continúa ahora con:
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Servicios Jurídicos de la Conselleria, que deben emitir informe.
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Consell Consultiu, que dictaminará el texto.
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Consell de Govern, que lo aprobará de forma definitiva.
A partir de ese momento, el decreto entrará en vigor y se abrirá el periodo para que ayuntamientos y consells adapten sus ordenanzas en un año.
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