El denominado ‘airbnb náutico’, que permite alquilar embarcaciones de uso privado durante un máximo de tres meses al año, no ha tenido hasta ahora impacto en Ibiza ni en Formentera. Al menos, así se desprende de los datos oficiales facilitados por el Ministerio de Transportes a La Voz de Ibiza: a fecha de 8 de enero, no existía ninguna solicitud en las Capitanías Marítimas de Ibiza y Formentera.
De hecho, la medida, resistida por el Govern balear, tampoco ha generado una avalancha de solicitudes en Mallroca y Menorca. Solo se han registrado tres peticiones en todo el archipiélago balear. En concreto, una se ha presentado en Ciutadella, otra en Mahón y otra en Palma, según ha detallado el propio Ministerio. Ninguna de ellas afecta a las Pitiusas, donde el posible desembarco de esta práctica había generado un amplio rechazo institucional y sectorial.
Un impacto muy limitado en Baleares
Los datos oficiales confirman que la posibilidad de alquilar barcos privados no ha arraigado en Baleares, pese a los temores expresados durante meses por administraciones públicas y por el sector náutico, que alertaban de un posible aumento de la presión sobre el litoral y de la competencia desleal frente a las empresas profesionales de chárter.
En el caso de Ibiza, el sector del chárter náutico ya había defendido la necesidad de contar con leyes propias para evitar un crecimiento desordenado de la actividad y preservar la seguridad y la sostenibilidad del litoral.
Veto autonómico y conflicto competencial
Cabe recordar que el Govern balear ya ha vetado el alquiler turístico de embarcaciones privadas en los puertos de titularidad autonómica, una medida adoptada como respuesta a la normativa estatal y defendida por el Ejecutivo autonómico como un instrumento de protección ambiental y de ordenación del litoral.
La iniciativa del Ejecutivo autonómico fue recurrida por la Asociación de Propietarios de Embarcaciones de la Lista Séptima, que pedía una medida cautelar. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) la ha rechazado.
La batalla, de todos modos, continúa en los tribunales. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el decreto autinómico, al considerar que la norma impone «restricciones injustificadas» que limitan la competencia en el sector, tanto para operadores como para consumidores.
El marco estatal y el debate político
La posibilidad de alquilar embarcaciones privadas durante tres meses al año en puertos del Estado entró en vigor en agosto, con el desarrollo del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima, y quedó posteriormente integrada en el real decreto aprobado el pasado 26 de diciembre, que no incluyó una excepción específica para Baleares.
Desde el PSOE y el Gobierno central se ha insistido en los últimos meses en que el alcance real de la medida era limitado y en que el sistema de autorizaciones es estricto y garantista, mientras que desde Baleares se reclamaba una exclusión expresa en el BOE. Pese a esto, el partido socialista en Baleares ha insistido en que antes de la próxima temporada de verano se regulará, mediante una nueva normativa, una excepción al airbnb náutico para el archipiélago.
Mientras tanto, los datos actuales apuntan a que, al menos en las Pitiusas, la práctica no se ha materializado.
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