Los taxistas de Ibiza y el resto de Baleares podrían tener que presentar un certificado de antecedentes penales como requisito para obtener su permiso municipal de taxista. Al menos, si avanza una de las alegaciones que ha presentado la Agrupación Empresarial de Autotaxis y Autoturismo de Baleares al borrador del nuevo reglamento autonómico. Un pedido, que, además, está avalado por una reciente sentencia judicial que involucra a un taxista de Ibiza.
“Consideramos que se debe exigir el certificado de penales”, ha señalado la agrupación como parte de un extenso listado de alegaciones al que ha accedido La Voz de Ibiza.
Esta exigencia, proponen, se debería incluir en el artículo 27 del reglamento autonómico. El borrador exige un permiso de conducir con dos años de antigüedad, no tener limitaciones y contar con conocimientos del municipio e idiomas. Además, se exige “no haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos contra la libertad sexual, menores o la seguridad vial”. Si se da lugar a esta alegación, se sumaría el certificado de penales.
El antecedente en Ibiza
Según ha podido saber este medio, el mes pasado el Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Palma ha estimado parcialmente una demanda de la Asociación de Asalariados del Taxi de la Isla de Ibiza interpuesta al Ayuntamiento de Ibiza.
En dicha demanda se señalan irregularidades en el otorgamiento y cómputos de antigüedad de licencias, que se piden desestimar. La Justicia solo dio lugar a la impugnación de una licencia, con el argumento de que su portador contaba con antecedentes penales al momento de solicitarla. El Ayuntamiento ha remarcado que pide licencia de antedecentes penales y que entre los permisos otorgados por la actual gestión no se encuentra la referida a la impugnación, la cual es anterior.
Lo relevante, para el caso del reglamento del taxi, es que la sentencia podría sentar un precedente, al avalar que un Ayuntamiento deba pedir el certificado de penales para obtener una licencia.
Este requisito no estaba contemplado hasta ahora a nivel autonómico, aunque algunos Ayuntamientos lo habían comenzado a exigir, como es el caso de Vila.
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