La presidenta del Govern, Marga Prohens, se reunirá el martes en Bruselas con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, con la intención principal de solicitar el despliegue de los efectivos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en las Islas Baleares. Esta medida ha sido planteada por el Ejecutivo autonómico durante cerca de un año como una de las soluciones a la crisis migratoria que afecta al archipiélago.
Sin embargo, la iniciativa ha generado un fuerte escepticismo por parte de expertos en derecho internacional, quienes advierten que la presencia de Frontex no tiene relación directa con la capacidad de frenar la llegada de personas migrantes en embarcaciones precarias.
Margalida Capellà, profesora de Derecho Internacional y directora del Observatorio de Migraciones en el Mediterráneo de la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha sido clara al señalar que el despliegue de Frontex no conseguirá que las pateras dejen de llegar.
Capellà ha esgrimido que, si la preocupación del Govern es la llegada irregular de personas, debe tener en cuenta que la mayoría lo hacen a través de los aeropuertos. La experta sostiene que la única forma efectiva de reducir el flujo de pateras es a través de políticas de competencia estatal que agilicen y faciliten los visados de trabajo tanto en Baleares como en España. Actualmente, esta política está «bloqueada» para las personas que llegan de África. Capellà ha constatado que ha visto a personas subsaharianas llegadas en patera en el puerto de Palma que intentaron obtener un visado sin éxito antes de aventurarse al mar.
Las limitaciones del dol de la agencia europea
En el hipotético caso de que los agentes de Frontex se desplieguen en Baleares, su papel no iría más allá de la colaboración con las fuerzas de seguridad españolas. La agencia podría aportar medios para la vigilancia aérea del mar y la identificación de embarcaciones en peligro de naufragio, o participar en interrogatorios policiales para intentar localizar las redes criminales que operan en el norte de África.
Sin embargo, la profesora Capellà subraya que Frontex «no es una agencia de salvamento» y que, a su juicio, es dudoso que la reunión con el comisario Brunner consiga lo que se pretende, que es «parar las salidas desde Argelia». La experta sentenció que «Frontex por sí solo no consigue que las personas dejen de migrar».
La petición del Govern, que ha alertado que Baleares se ha convertido en el «epicentro europeo de la migración», buscaba que con el despliegue «el control que se haga, la entrevista, sea mucho más exhaustivo y más segura la información». De hecho, Frontex subió la alerta en la ruta migratoria balear a nivel medio en 2024, y se había planteado elevarla a nivel alto para poder desplegarse.
Advertencia sobre los riesgos para los Derechos Humanos
Capellà ha sumado a su escepticismo una grave advertencia respecto a los riesgos para los derechos humanos. Diversas organizaciones no gubernamentales, como Sea Watch o Amnistía Internacional, han vinculado acciones de Frontex con vulneraciones. Cabe recordar que el actual director ejecutivo, Hans Leijtens, asumió el cargo en enero de 2023 tras la partida de su antecesor, Fabrice Leggeri, salpicado por acusaciones de fraude y connivencia con devoluciones en caliente en el Mediterráneo.
A este riesgo de reproducción de malas prácticas en el archipiélago, se añade la posibilidad de que «gente inocente acabe condenada por delitos de tráfico de personas cuando realmente no son los patrones de las pateras».
El abogado especializado en extranjería Daniel Arencibia ha documentado esta problemática tras analizar alrededor de 1.200 sentencias judiciales dictadas entre 2016 y 2025. Arencibia ha documentado pruebas que sugieren que las entrevistas realizadas por los agentes de Frontex, conocidas como ‘debriefings’, se utilizan posteriormente como pruebas en procedimientos penales. Según el letrado, «Frontex interroga a los viajeros sin abogados, haciendo una investigación criminal sin garantías», derivando en que la policía criminalice a los viajeros, ignorando a los verdaderos organizadores.
La lucha política y el enfoque humanitario
El reclamo del despliegue europeo por parte de la presidenta Prohens, que data de la Conferencia de Presidentes del pasado diciembre, ha ido calando en el debate político. El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se sumó a la petición pidiendo a los ministros de Asuntos Exteriores e Interior que intercedieran ante la Comisión Europea para materializar la presencia de Frontex.
En el arco político de la izquierda, la propuesta ha sido recibida con rechazo o escepticismo. El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, pidió no vincular Frontex con la idea de «blindar las fronteras», cuestionando qué fronteras se blindarían en el mar.
Desde MÉS per Mallorca, formación por la que Capellà fue diputada, han criticado que Frontex no ha conseguido que el Mediterráneo «deje de ser un cementerio» y abogan por solucionar la llegada de pateras «creando canales legales que hagan que la gente no tenga que arriesgar su vida». El PSIB ha recriminado a Prohens que haga «política con un drama humanitario».
Por su parte, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, exigió en abril «deportaciones masivas» y que Frontex defendiera «las fronteras del país».
Capellà ha concluido que una lucha contra la migración irregular basada en «presentar resultados de identificaciones y condenas de patrones» para justificar la eficacia constituye «un fracaso de los derechos humanos». La experta aboga por un enfoque de derechos humanos que priorice salvar y rescatar a las personas que están a la deriva o en peligro de naufragio. Una vez que llegan, deben ser atendidos, recibir asistencia médica y humanitaria y, si son potenciales solicitantes de asilo, se les debe permitir tramitar su solicitud y otorgarles la protección debida.
