SENTENCIA JUDICIAL

El error administrativo en una bolsa de trabajo que acabó en los tribunales y salpica a Ibiza

Una aspirante logró que la Justicia reconociera su derecho a entrar en una bolsa de letrados tras ser excluida por un certificado enviado a una dirección de correo equivocada. La convocatoria también contemplaba listas específicas para Ibiza.

Un error de una sola letra en una dirección de correo electrónico terminó desencadenando una batalla judicial por el acceso a una bolsa de trabajo de la Administración de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado la razón a una aspirante que quedó fuera del proceso de selección después de que la propia Administración enviara un certificado imprescindible a una dirección equivocada. El procedimiento estaba vinculado a una convocatoria estatal que también establecía bolsas específicas de letrados de la Administración de Justicia para Ibiza, Mallorca y Menorca.

La sentencia, dictada el 17 de noviembre de 2025 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, estima el recurso presentado por la afectada y reconoce su derecho a ser incluida en las listas de trabajo, teniendo en cuenta los 996 días de experiencia profesional que no habían sido valorados inicialmente.

El conflicto se originó en una convocatoria publicada en octubre de 2022 para constituir bolsas de trabajo de letrados de la Administración de Justicia. El sistema contemplaba un tratamiento específico para los territorios insulares, debido a las dificultades derivadas de la fragmentación geográfica.

Un error de una letra que dejó fuera a una aspirante

La mujer había solicitado el 31 de octubre de 2022 un certificado que acreditaba sus servicios prestados como letrada sustituta. El plazo para presentar las solicitudes finalizaba el 15 de noviembre de ese mismo año.

La Secretaría de Gobierno emitió el documento el 7 de noviembre, cuando todavía quedaban varios días para completar la inscripción. Sin embargo, al enviarlo por correo electrónico, cometió un error en el dominio de la dirección.

En lugar de escribir @justiciaencanarias.org, utilizó @justiciaecanarias.org, omitiendo una letra «n». Como consecuencia, el mensaje fue devuelto y el certificado no llegó a su destinataria.

Finalmente, la Administración remitió el documento por correo ordinario, pero la mujer no lo recibió hasta el 22 de noviembre de 2022, cuando el plazo de presentación de solicitudes ya había concluido.

La aspirante había declarado su experiencia profesional en la solicitud y aportado documentación relativa a sus nombramientos, pero no el certificado específico exigido por las bases.

Al no disponer de ese documento, la Administración no computó los servicios prestados y la candidata quedó excluida por no alcanzar la puntuación mínima necesaria.

La Justicia considera que debía tener diez días para corregir el error

La afectada recurrió la decisión y sostuvo que había solicitado el certificado dentro del plazo establecido, pero que un error administrativo había impedido su recepción.

Por su parte, la Administración defendió que la aspirante debería haber acudido personalmente a recoger el documento o haber reiterado su solicitud antes del cierre de la convocatoria.

El tribunal rechaza que esa circunstancia justifique la exclusión y recuerda que las propias bases del procedimiento establecían la obligación de conceder un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos de documentación.

Los magistrados consideran que la candidata había declarado correctamente el mérito correspondiente a su experiencia profesional, aunque la documentación presentada resultara insuficiente.

Por ello, entienden que la Administración debería haberle permitido completar el expediente antes de excluirla.

La resolución se apoya también en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que los errores u omisiones documentales en los procedimientos selectivos deben poder subsanarse en los términos previstos por la legislación administrativa.

Mujer trabajando en ordenador

Aunque el litigio se produjo en Canarias, la convocatoria examinada por el tribunal incluía una regulación específica para Canarias y Baleares, precisamente por las dificultades que supone cubrir puestos de trabajo en territorios insulares.

En el caso de Baleares, las bases establecían que los aspirantes debían indicar si aceptaban formar parte de las listas preferentes de Mallorca, Menorca e Ibiza.

El sistema permitía organizar las bolsas de trabajo por islas y recurrir prioritariamente a los candidatos incluidos en cada lista para cubrir las necesidades de personal.

La sentencia también analiza una cuestión relacionada con la publicidad de esas listas.

La demandante había solicitado la nulidad de las listas definitivas, entre otros motivos, porque las relaciones preferentes de cada isla no habían sido publicadas individualmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El tribunal reconoce expresamente que las listas preferentes por islas no fueron publicadas en el BOE, ni en Canarias ni en Baleares.

Sin embargo, considera que esa circunstancia no provocó indefensión, ya que las relaciones estaban disponibles en la página web del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Por tanto, los magistrados descartan anular las listas por ese motivo.

Esta parte de la resolución resulta relevante para Ibiza porque confirma el sistema de publicación utilizado en una convocatoria que también contemplaba una lista preferente para la isla, aunque la sentencia no acredita que la demandante solicitara incorporarse a la bolsa de Ibiza ni ordena modificar específicamente esa lista.

La Administración deberá reconocer 996 días de experiencia

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias estima el recurso contencioso-administrativo presentado por la aspirante y reconoce su derecho a ser incorporada a las listas en la posición que le corresponda.

Para determinar ese lugar, la Administración deberá computar los 996 días de servicios prestados como letrada sustituta, equivalentes a dos años y 266 días, que habían quedado sin valorar por la falta del certificado.

La resolución también impone las costas procesales a la parte demandada.

De esta manera, la sentencia corrige la exclusión de una candidata que había acreditado su experiencia profesional, pero que quedó fuera del procedimiento después de que un error en una dirección de correo electrónico impidiera completar su documentación dentro del plazo establecido.

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