El ahora senador por las Pitiusas, el independiente Juanjo Torres Ferrer Martínez, que encabezó la coalición formada por PSOE, Unidas Podemos y Sumar y Ara Eivissa en las pasadas Elecciones Generales de julio del año pasado, ha pasado de ponerse la camiseta SOS Ibiza, marchar contra el “crecimiento sin límite operado por la derecha ibicenca” y contra la masificación en 2006 a facilitar un inexplicable cambio de uso que permitió cuadriplicar las plazas en un establecimiento 10 años después, cuyo trámite está bajo la lupa por una serie de irregularidades denunciadas por la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera.
Ferrer (1970, Sant Antoni) era el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Antoni cuando la empresa Amistat Hostel recibió un verdadero regalo, un pelotazo en toda regla: pasó de 86 a 360 plazas sin pagar nada, con un ahorro millonario para la compañía con sede en Barcelona.
En ese contexto, su papel ha sido cuestionado por los hoteleros de Sant Antoni.
La Voz de Ibiza ha logrado hablar con el abogado y senador, quien dijo no recordar el expediente. “Eso tendrías que preguntar en el Ayuntamiento. No te puedo hablar de memoria del expediente. Fue hace tanto tiempo que no lo sé. Hablar de memoria de un expediente ni quiero ni puedo”.
Ferrer perteneció a El Pi hasta 2017, después de dejar también su cargo de concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento. Pero el año pasado ha logrado el consenso de las formaciones progresistas PSOE, Sumar (Esquerra Unida y Podemos) y Ara Eivissa.
Así, ha pasado de avalar un establecimiento que cuadriplicó sus plazas a apoyar las limitaciones y medidas de contención al turismo. “Es normal, estamos sobresaturados evidentemente”, responde.
Por otra parte, ha negado haber trabajado o participado de una gestoría que haya estado involucrada en la tramitación del cambio de uso. “No he trabajado nunca en ninguna gestoría. Ya sé por dónde vas y de dónde viene la información. Monté una gestoría en Ibiza hace años pero eso no tiene nada que ver con lo que tú me estás diciendo y nunca he trabajado en ninguna gestoría. Esa gestoría la cerramos en el 2002”, respondió.
Contradictorio
El año pasado, Ferrer ha regresado a la política al frente de Ibiza i Formentera al Senat, lo que le permitió transformarse en senador independiente por las Pitiusas. Fue elegido en las elecciones del 23 de julio de 2023 y es miembro del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal.
Durante la campaña que lo ha llevado al Senado, Ferrer hablaba de «limitar el crecimiento desenfrenado y la oferta ilegal».
En tal sentido, prometía fomentar «el desarrollo sostenible y el avance de las islas con un turismo de calidad y un modelo económico progresista». Por lo que prometía –contrariamente a lo que hizo como concejal de Urbanismo- trabajar para «eliminar la oferta turística ilegal y poner fin a la creación de nuevas plazas. Es crucial preservar el equilibrio entre la demanda turística y la capacidad de nuestras islas”.
Recientemente, ha escrito una columna en Nou Diari titulada “No es turismofobia, es supervivencia” en el que cuestiona las políticas del PP. En tal sentido, ha dicho que desde 2006 “ya éramos muchos los que denunciábamos la política depredadora del Partido Popular”.
En ese momento, se opuso a la construcción de las autopistas ya que era uno de los “efectos del crecimiento sin límite operado por la derecha ibicenca con la complicidad de amplios sectores empresariales isleños. Un grave error tanto en las formas como en el fondo”.
El senador de izquierda ha opinado que, “18 años más tarde, intentan poner límites a su propia irresponsabilidad de forma hipócrita: para el verano de 2025 se limitará la entrada de vehículos a Ibiza, una medida que criticaron y a la que se opusieron en Formentera, y de la que ahora predican sus bondades. Pero quizá llegamos tarde”.
Todo a pesar que en 2016 avaló un cambio de uso que permitió cuadriplicar las plazas a un establecimiento, en medio de un trámite plagado de irregularidades.
Según Ferrer, “el lema de 2006 es más actual y el acceso a una vivienda digna y asequible se ha convertido en el principal problema de la sociedad pitiusa, que afecta a las plantillas de personal laboral privado y público. Por el contrario, el Gobierno del PP ofrece una amnistía urbanística en suelo rústico con ampliaciones de edificios en altura en el suelo urbano, cambios de uso de las plantas bajas, o redistribución interior de pisos para poder crear más oferta residencial. Unas medidas que ni sus propios alcaldes compran. Y, mientras tanto, se niegan a aplicar la limitación de precios del alquiler que la Ley de Vivienda estatal permitiría en zonas “tensadas” como lo son nuestras Islas Pitiusas”.
Todo ello a pesar que ocho años atrás ha tomado una decisión administrativa muy diferente a su discurso.
