El Consejo de Ministros aprobó este martes la declaración de emergencia migratoria en Baleares, como respuesta al incremento de llegadas de personas migrantes a las costas del archipiélago en 2025 y la necesidad de reforzar su atención humanitaria. La medida incorpora una inversión de 6,75 millones de euros y estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La declaración contempla actuaciones como la habilitación de espacios de acogida, servicios de traducción e interpretación, atención médica, así como la cobertura de necesidades básicas de alimentación, higiene y seguridad.
El departamento que dirige Inclusión recuerda que ya en agosto pasado la Secretaría de Estado de Migraciones dictó una resolución en la que se establecía la prioridad de garantizar que el programa pudiera dar respuesta de forma inmediata a estas necesidades. Asimismo, tras la tendencia observada en 2024 y el contexto geopolítico en el Mediterráneo Occidental, el Ministerio activó en el primer trimestre de 2025 un seguimiento diario y detallado de los flujos migratorios hacia Baleares, con el fin de anticiparse a eventuales episodios de llegadas masivas.
En este marco, y desde la citada resolución de agosto, se han puesto en marcha las primeras actuaciones del plan de infraestructuras, que incluyen dispositivos de acogida transitoria, refuerzo de personal y provisión de servicios y suministros en la costa balear.
Espacios modulares en Ibiza, Formentera y Palma
Dentro de la planificación, destacan dos instalaciones de módulos para acogida temporal en los puertos de Ibiza y Formentera, cuya apertura es “inminente”. A ellas se sumará un tercer espacio en el puerto de Palma. Estas infraestructuras contarán con servicios de seguridad, climatización e higiene, así como áreas específicas para mujeres y menores.
El Ministerio subraya que el Programa de Atención Humanitaria está diseñado para cubrir las necesidades básicas de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, debido a su deterioro físico y la falta de apoyos sociales, familiares o económicos. Se trata de un programa de carácter de emergencia cuyo fin último es garantizar los derechos fundamentales y preservar la dignidad de quienes llegan a las costas españolas o acceden a través de Ceuta y Melilla.
