El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha expresado su confianza en que el documento final del Plan Estatal de Vivienda, cuya aprobación podría producirse en las próximas semanas, permita al Govern balear establecer su propio límite de precio para acceder a las ayudas al alquiler, atendiendo a la singularidad del mercado inmobiliario del archipiélago.
Mateo se ha pronunciado en estos términos al ser preguntado sobre esta cuestión durante una rueda de prensa celebrada este miércoles para hacer balance del funcionamiento del transporte público interurbano de Mallorca. Pese a admitir que existen aspectos del plan estatal con los que el Ejecutivo autonómico puede “no estar en absoluto de acuerdo”, el conseller ha reiterado su voluntad de que la norma salga adelante, previsiblemente a lo largo de este mes de febrero o, “como tarde”, en marzo.
En ese plazo, ha señalado, el Gobierno central convocará una reunión sectorial con las comunidades autónomas para debatir el texto definitivo del plan. Será entonces cuando Baleares plantee de forma formal las propuestas que ya ha trasladado en fases previas del proceso, entre ellas la posibilidad de que cada comunidad pueda adaptar los límites de precio de las ayudas a su realidad territorial.
“El mercado inmobiliario de Baleares tiene precios muy superiores a la media estatal y eso debe tenerse en cuenta”, ha defendido Mateo, que ha subrayado que el borrador del plan ya apunta avances en esta dirección, aunque ha reconocido que todavía no puede confirmarlo con total seguridad. “Creemos que va a ser así, pero no lo puedo decir al cien por cien. En el borrador los avances son significativos y los caminos parecen bien marcados, pero hasta que no esté definido con detalle no podemos asegurar cómo quedará”, ha afirmado.
Críticas al “chantaje” en la tramitación del escudo social
Durante su comparecencia, el conseller también se ha referido a la decisión del Consejo de Ministros de dividir en dos decretos el denominado escudo social, que fue rechazado recientemente en el Congreso de los Diputados. Mateo ha atribuido esta maniobra a que el Gobierno central “está siendo chantajeado por sus socios”.
El primer decreto contempla medidas como la revalorización de las pensiones en 2026 o la congelación de las cuotas de los autónomos, mientras que el segundo incluye iniciativas sociales como las ayudas por la dana, el bono social, la moratoria antidesahucios o la prohibición de cortar los suministros básicos a familias vulnerables. Este segundo texto incorporará previsiblemente el acuerdo alcanzado con el PNV para ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler.
“Estamos absolutamente en contra de cómo se está llevando la tramitación de las iniciativas legislativas”, ha criticado Mateo. “Los socios están chantajeando al Gobierno para que trocee los decretos y los apruebe a su medida”, ha insistido.
No obstante, el conseller ha reconocido que desconoce aún el alcance final del nuevo decreto del escudo social y ha pedido tiempo para poder emitir una valoración definitiva. “Trocear un decreto ley sin negociar y sin saber su alcance… poco más puedo añadir”, ha lamentado.
Sí ha aprovechado para reclamar a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que desbloquee la ley antiokupación. “Hay que dar pasos firmes y concretos hacia la protección de los derechos de todos, tanto de los inquilinos como de los propietarios”, ha afirmado.
Doce entidades colaboradoras urbanísticas
En otro orden de cosas, Mateo ha celebrado el buen funcionamiento de las entidades colaboradoras urbanísticas (ECU), una figura incorporada en la última ley de simplificación administrativa con el objetivo de agilizar la concesión de licencias, una reclamación histórica tanto de las administraciones como de los particulares.
Como ejemplo, ha señalado el caso de Manacor, donde se ha concedido la primera licencia tramitada mediante una ECU, reduciendo los plazos de resolución de una media de tres años a apenas tres meses.
Actualmente, ha detallado el conseller, hay una docena de ECU operando en Baleares, repartidas de forma equilibrada entre Mallorca, Menorca y las Pitiusas, un instrumento que el Govern considera clave para acelerar proyectos y reducir cuellos de botella administrativos.
