El Govern balear ha reiterado este martes su oposición “frontal” a la autorización del alquiler turístico de embarcaciones privadas durante tres meses al año, y ha anunciado que estudia “todas las vías” jurídicas y administrativas para frenar su aplicación en el archipiélago.
La medida, impulsada por el Ministerio de Transportes, se publicará esta semana en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor de manera efectiva el próximo 15 de agosto, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima (RONM).
Desde la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, se ha alertado de que esta autorización a embarcaciones de la lista séptima supone “comprometer la sostenibilidad del litoral”, al fomentar la actividad turística no regulada y aumentar la presión sobre aguas ya saturadas.
“Abre la puerta a nuevas actividades especulativas en un entorno frágil”, ha advertido el Ejecutivo balear.
Aunque el Govern reconoce la potestad estatal para regular en materia marítima, ha subrayado que la realidad insular requiere un tratamiento diferenciado y que “las peculiaridades de territorios como Baleares no han sido tenidas en cuenta”.
El Govern no autorizará esta actividad en sus puertos
En coherencia con su modelo de gestión litoral, el Govern ha confirmado que no autorizará este tipo de alquiler turístico en los puertos de su competencia. La Conselleria defiende un modelo “ordenado, seguro, sostenible y compatible con el uso público y la conservación del entorno”.
Asimismo, ha criticado que una medida de este calado, con implicaciones sobre la seguridad, el medio ambiente y el modelo turístico balear, haya sido aprobada “sin diálogo” con las comunidades autónomas y sin una evaluación real del impacto territorial.
El sector náutico ibicenco ya lo calificó de “bomba de relojería”
La posición del Govern refuerza los argumentos ya esgrimidos desde Ibiza, donde el sector náutico ha mostrado su alarma en las últimas semanas. Como publicó La Voz de Ibiza, asociaciones y patronales calificaron la medida de “auténtica bomba de relojería” para la seguridad marítima y el ecosistema insular.
Desde la Asociación de Instalaciones Náutico-Deportivas de Ibiza y Formentera (AISNEF) se alertó también del intrusismo y el vacío legal que generará la liberalización de la lista séptima. El alquiler por particulares sin garantías de formación, mantenimiento ni seguros adecuados, fue otro de los puntos más criticados.
Las instituciones de las Pitiusas también han manifestado un rechazo firme a la nueva normativa. El Consell de Ibiza, a través de su presidente, Vicent Marí, pidió al Estado que “replantee” la medida, advirtiendo de su impacto en la gestión del litoral.
