La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern balear ha rechazado el pedido del Consell Insular de Formentera para modificar la concesión administrativa que le habilita a gestionar los servicios de playa, incluidos ocho quioscos-bar adjudicados en el megaconcurso bajo sospecha.
-
Informe demoledor: los chiringuitos de Formentera contra las cuerdas
-
Un informe jurídico del Govern propone caducar la concesión de los chiringuitos de Formentera
La resolución, firmada a finales de diciembre y a la que ha tenido acceso La Voz de Ibiza, inadmite a trámite la solicitud y evita así cualquier cambio en las condiciones actuales de la concesión, dejando intactas todas sus obligaciones y estrechando el cerco sobre una eventual caducidad.
El Govern se niega a abrir una vía de regularización a posteriori para un conflicto que arrastra meses de informes técnicos y jurídicos adversos.
Irregularidades
El rechazo se apoya en razones formales y de fondo. Según la resolución, la petición elevada por el Consell pretendía alterar elementos esenciales de la concesión, entre ellos los vinculados al carácter desmontable y estrictamente estacional de los quioscos de playa. Para la Dirección General de Costas y Litoral, este tipo de cambios no puede tramitarse como una simple modificación, al afectar al núcleo mismo del título concesional otorgado para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
La Conselleria subraya que no procede entrar a valorar el contenido de la solicitud, al considerar que carece de encaje jurídico desde su planteamiento inicial. De este modo, el Govern bloquea el intento político-administrativo del Consell de adaptar la concesión a una situación de hecho ya consolidada, marcada por incumplimientos reiterados detectados durante las últimas temporadas.
Este portazo administrativo encaja con los informes internos del propio Govern que La Voz de Ibiza ha revelado en las últimas semanas, que advertían de incumplimientos esenciales de la concesión administrativa y abrían expresamente la puerta a su caducidad.
Entre esas irregularidades figuran la permanencia de instalaciones fuera del periodo autorizado, el incumplimiento del desmontaje obligatorio y la ocupación del dominio público más allá de los límites y plazos permitidos.
Los requisitos se mantienen para los quioscos de playa
En la práctica, la resolución confirma que siguen plenamente vigentes todas las exigencias de la concesión original: desmontaje completo de las instalaciones en los plazos fijados, carácter temporal de los quioscos y límites estrictos de ocupación del dominio público.
Son las mismas condiciones cuya vulneración ha situado a los ocho chiringuitos adjudicados bajo la lupa de Costas y ha motivado sanciones, requerimientos y advertencias formales.
El núcleo del conflicto gira en torno al desmontaje invernal, una obligación expresa que el Consell trató de eliminar mediante la modificación ahora rechazada, tras asumir como propios los argumentos de los concesionarios para evitar retirar las estructuras durante varias semanas. El Govern descarta así cualquier “solución intermedia” y mantiene la concesión tal como fue otorgada, sin ajustes ni reinterpretaciones.
El pedido ahora rechazado no es reciente. Fue formulado hace casi un año, después de que las concesionarias de los chiringuitos trasladaran al Consell un escrito en el que reclamaban eliminar la obligación de desmontar las instalaciones durante el invierno, como habían pedido los propios chiringuitos.
El gobierno insular asumió esos argumentos como propios y elevó a la Dirección General de Costas una solicitud de modificación de la concesión administrativa, con el objetivo de suprimir el desmontaje obligatorio previsto entre mediados de enero y febrero. Esa iniciativa, planteada como una solución administrativa al conflicto, es la que el Govern balear ha inadmitido ahora, cerrando la vía para adaptar la concesión a la situación de hecho creada en las playas.
Qué instancias se abren ahora
Con la vía administrativa agotada en lo relativo a la modificación de la concesión, el escenario queda acotado a dos frentes. Por un lado, el Govern debe resolver si activa formalmente el procedimiento de caducidad de la concesión administrativa del Consell Insular de Formentera, a la vista de los incumplimientos ya documentados.
Por otro, tanto el Consell como los concesionarios solo conservan la vía judicial para impugnar la inadmisión o cualquier futura decisión sobre la caducidad ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
