La sentencia anula el Real Decreto 1312/2024 por invadir competencias autonómicas y respalda en la práctica el modelo insular, el único de España con toda la oferta online identificada. El Consell venía denunciando desde el pleno de marzo que el registro estatal era un "coladero" que daba cobertura al alquiler de temporada usado como turístico encubierto.