Una acusación en Facebook ha generado una ola de indignación entre usuarios de la red social en torno a un supuesto desalojo en la playa de Cala Llenya por parte de la firma Cala Bassa Beach Club (CBbC). Según los posteos, una pareja de ancianos que llevaría “60 años” gestionando el chiringuito de esa playa habría sido expulsada para dar paso a un nuevo modelo de beach club de lujo. La primera de las dos publicaciones —cargada de acusaciones de corrupción contra la firma y el Ayuntamiento de Santa Eulària y apelaciones al sentimiento local— desató una conversación viral con casi 200 interacciones directas, decenas de compartidos y centenares de comentarios de usuarios indignados.
Sin embargo, la historia es completamente falsa. CBbC ha confirmado a La Voz de Ibiza que jamás ha presentado interés ni solicitado ninguna concesión en Cala Llenya, ni este año ni en ejercicios anteriores. “Queremos dejar en claro que no hay conexión entre CBbC y los hechos denunciados”, ha señalado la empresa luego en redes sociales.
Lo más llamativo es que, lejos de estar siendo desalojados, los históricos concesionarios señalados en la publicación son, en realidad, los protagonistas de una denuncia formal por montar el kiosco sin adjudicación oficial y sin que se haya el balizamiento obligatorio exigido por el Ayuntamiento.
Cabe destacar que, más allá que esta publicación beneficia o victimiza a esta parte, nada puede asegurar que esté motivado por los ganadores de un concurso que ha tenido polémicas y sospechas.
La publicación viral
El post original de Michael Corsale fue publicado hace una semana días en un grupo de residentes internacionales de Ibiza. En él, el autor lanza una diatriba contra CBbC acusándolos de “quitarles el negocio” a una pareja de “95 años” que habría dedicado su vida a ese chiringuito. También asegura haber enviado un correo al CEO de CBbC y llama a organizar una protesta.
Pese a lo llamativo de las afirmaciones, no se ofrece ninguna fuente ni documento que respalde el relato, ni se menciona cuál habría sido la resolución del Ayuntamiento que autorizaría el supuesto cambio de operador. La reacción fue inmediata y emotiva: usuarios compartiendo recuerdos de la playa, acusaciones de corrupción y hasta convocatorias a enviar cartas al consistorio o promover peticiones contra la supuesta medida.
Pero lo cierto es que todo el relato se basa en una interpretación errónea –o interesada– de la situación real en Cala Llenya.
Un segundo posteo
El 18 de junio, minutos después de que el Ayuntamiento diera su versión de los hechos, la usuaria Rosie Fieldhouse reiteró la denuncia y compartió una campaña de recolección de firmas. ¿El objetivo? Pedir al Ayuntamiento “que no se conceda ninguna autorización para la apertura de un Beach Club” y “que se respete y apoye el modelo del chiringuito familiar ya existente”.
El posteo fue borrado al poco tiempo.
¿Quiénes son los concesionarios señalados?
Según denunció la empresa Kazan Servicios de Playa y recogió este medio el pasado 8 de junio, los lotes 50 y 51 de Santa Eulària, correspondientes a Cala Llenya, no contaban aún con su adjudicación definitiva. Pese a ello, los supuestos “desalojados” mencionados en la publicación ya estaban montando el kiosco, prestando servicios y alquilando hamacas con tiques del año anterior, lo que constituye una infracción grave.
Kazan presentó una denuncia formal ante la Policía Local, que se desplazó a la playa y levantó acta de los hechos. La documentación aportada incluye una imagen del comprobante utilizado para cobrar 20 euros por hamaca y sombrilla bajo la marca de la UTE Esteban y José Marí Torres, quienes ya habían gestionado ese servicio en los últimos años, pero no contaban con adjudicación actual.
Además, se constató que el balizamiento obligatorio para iniciar la actividad no estaba instalado, contraviniendo expresamente las condiciones impuestas por el Ayuntamiento a todos los licitadores.
¿Qué dice el Ayuntamiento?
El Ayuntamiento recién se pronunció al respecto este miércoles 18 de junio. El Consistorio ha indicado que “el lote número 51, correspondiente a un kiosko en Cala Llenya, fue adjudicado por la Junta de Gobierno Local el pasado jueves, día 12 de junio, tras el proceso de licitación pertinente, a la misma familia que ha venido explotando esta concesión durante los últimos años”.
La Voz de Ibiza consultó al Ayuntamiento por la adjudicación del lote número 50, también propuesto provicionalmente a UTE Hermanos Marí Torres. El Consistorio ha señalado que se espera que “todos los lotes queden resueltos está misma semana”.
El Ayuntamiento, a su vez, ha enfatizado que no hay ninguna adjudicación vigente a CBbC, ni en Cala Llenya ni en ninguna otra playa del municipio.
Así, el Consistorio, ha admitido, que, si bien por un lado la denuncia que se volvió viral contra CBbS es falsa, los actuales adjudicatarios no esperaron a la adjudicación definitiva para montar y prestar los servicios.
Ya ha destacado: “El Ayuntamiento no ha decidido en ningún momento permitir la apertura de un ‘beach club’ en Cala Llenya. Esa denominación ni la tipología de negocio no se corresponden con ninguna propuesta ni con ninguna concesión autorizada por la Demarcación de Costas en el municipio”. En esa línea, “el Consistorio apuesta firmemente por un modelo de playa familiar y accesible para todos, como demuestra la campaña turística de este año, centrada en la puesta en valor de los chiringuitos tradicionales”.
¿Y quiénes inventaron la historia?
La identidad de Michael Corsale, el usuario que publicó la acusación original no está verificada. Aunque figura como “Colaborador destacado” en el grupo de Facebook donde escribió el post, no aparece vinculado a ninguna entidad vecinal, comercial ni medio local. Su cuenta presenta pocos datos públicos y, según fuentes del sector, podría tratarse de un perfil instrumental utilizado para provocar movilización digital en contextos turísticos sensibles.
En el caso de Rosie FieldHouse, también “colaboradora destacada”, su perfil tampoco revela conexiones que permitan establecer hipótesis a de dónde salió la acusación. Solo cuenta que es la fundadora de un agencia de Social Media, y que reside entre Londres e Ibiza.
Lo que sí es claro es que la desinformación circuló con fuerza y generó una narrativa completamente opuesta a la realidad, movilizando apoyo popular a favor de una situación que se encuentra en el centro de una denuncia formal.
La paradoja viral
En resumen, la historia que circula en redes sobre “ancianos expulsados por una gran marca” no solo es falsa, sino que los mismos operadores señalados como víctimas actúan fuera de la legalidad vigente, según las denuncias registradas y la constatación de la Policía Local.
Por su parte, CBbC ha sido tajante en su desmentido: no tienen, ni han tenido, ninguna relación con ese chiringuito ni han pedido explotar esa zona.
La situación revela el enorme impacto que puede tener una historia falsa bien redactada, y cómo una ola emocional en redes sociales puede distorsionar completamente la realidad administrativa y legal de un servicio público.
