El Ayuntamiento de Santa Eulària, encabezado por la alcaldesa Carmen Ferrer, recibió este lunes formalmente una campaña de firmas de los vecinos de Santa Gertrudis en protesta por la proliferación de fiestas clandestinas en suelo rústico del municipio, según informó el consistorio en nota de prensa.
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El equipo de gobierno respaldó las quejas vecinales sobre los graves problemas de ruido, movilidad y alteración de la convivencia que generan estos eventos, y anunció una batería de medidas para combatirlos.
El «muro legal» que ampara a los organizadores
El Ayuntamiento desveló el obstáculo al que se enfrentan sistemáticamente las administraciones locales: los organizadores de estos eventos utilizan de forma fraudulenta el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio para impedir el acceso de la Policía Local, camuflando negocios comerciales con cobro de entrada como si fueran «reuniones privadas entre amigos o fiestas de cumpleaños».
«Es capital que la Delegación del Gobierno se implique más y trabaje en colaboración con la Policía Local», insistió Ferrer. Dado que la entrada por la fuerza en un recinto privado para paralizar una actividad requiere competencias en materia de seguridad ciudadana o una orden judicial, el consistorio ha registrado una solicitud formal ante la Delegación del Gobierno en Islas Baleares para convocar, de manera urgente y extraordinaria, la Junta Local de Seguridad.
El objetivo es exigir al Ministerio del Interior un despliegue extraordinario y órdenes claras para la Guardia Civil, cuerpo que ostenta la competencia de seguridad ciudadana en el entorno rural.
«No puede dejarse el control de una actividad de esta magnitud a expensas de la Policía Local. Debemos exigir que todas las instituciones se impliquen en algo que nos afecta a todos y que, además, conlleva actividades ilegales como el fraude fiscal y provoca inseguridad ciudadana y problemas de salud pública», subrayó la alcaldesa.
Rastreo de redes sociales y sanciones a proveedores
Al amparo de las competencias municipales, el Ayuntamiento revisará el protocolo ya en marcha entre los departamentos de Actividades y Urbanismo.
El mecanismo incluirá el rastreo de redes sociales, el control de la venta de entradas, la identificación de vehículos en caminos rurales y las actas de infracción previas para sancionar a posteriori y con la máxima severidad económica tanto a los organizadores como a los propietarios de los inmuebles y a los negocios de suministro de bebidas y servicios que colaboren con estos eventos ilegales.
Un Consell de Alcaldes extraordinario para toda la isla
El Ayuntamiento de Santa Eulària solicitará formalmente al Consell Insular de Ibiza la convocatoria de un Consell de Alcaldes extraordinario específico para abordar este asunto.
El consistorio subraya que la proliferación de fiestas clandestinas no es un problema exclusivo de un municipio, sino que afecta a toda la isla, y que se hace indispensable una respuesta conjunta y coordinada por parte de todas las instituciones de Ibiza.
