Ibiza no solo afronta un problema de vivienda residencial permanente. Cada temporada alta suma además un desafío añadido: alrededor de 30.000 trabajadores temporales que llegan a la isla y necesitan alojamiento.
Así lo defendió el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, en esta entrevista exclusiva con La Voz de Ibiza, donde sostuvo que la cifra se respalda en indicadores como contratos laborales y movimientos de llegada por vía aérea y marítima.
“No pensemos solo en el sector turístico en sí, alojamiento y restauración. Pensemos en distribución, servicios, agricultura, construcción. Hay toda una serie de servicios que vienen a ser prestados por gente de la península y luego se vuelven. Pero necesitan un espacio donde residir”, explicó.
Presión sobre el mercado residencial
El impacto es directo. Parte de esos trabajadores termina ocupando viviendas que podrían destinarse al alquiler anual, mientras otros residen en condiciones compartidas o precarias. La consecuencia es una presión añadida sobre el mercado inmobiliario y una tensión estructural que se repite cada verano.
“Ibiza es un destino de éxito, pero ese éxito tiene que cuidarse. Si nuestros trabajadores no se cuidan, perderemos esa calidad que tanto buscamos”, advirtió el presidente. No estamos, pues, ante un asunto menor.
El problema, por tanto, no es únicamente social, ni de las personas que sufren vivir en condiciones poco dignas, sino también económico y estratégico para el modelo turístico.
Residencias tipo co-living como alternativa
Frente a esta situación, el Consell defiende la construcción de equipamientos dotacionales específicos, una fórmula más cercana a residencias o modelos de co-living que a viviendas individuales tradicionales.
“En vez de ser viviendas individuales, pueden ser espacios con zonas comunes, como una especie de vivienda compartida”, explicó Marí.
Estas residencias podrían ser promovidas por empresas hoteleras o grandes empresas con grandes necesidades para alojar a sus plantillas o por la iniciativa privada como un nuevo modelo de negocio regulado.
El presidente deja claro que la solución no debe recaer exclusivamente en la administración pública: “No tenemos que partir de la base de que la administración tiene que construirlo todo. Hay que dar oportunidades al sector privado para que construya con precios asequibles y dé solución a la problemática”.
El papel decisivo del PIAT
El instrumento que debe ordenar esta transformación es el PIAT (Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos).
“El PIAT es el instrumento adecuado para regular esta cuestión y lo regulará”, sostuvo el president Marí, recordando que el documento no solo aborda la reconversión de zonas turísticas y la amortización de plazas, sino también la necesidad de prever alojamiento para trabajadores en áreas vinculadas al sector.
Y no hay que olvidar que en Ibiza la frontera entre zona turística y residencial es muy líquida tanto en Ibiza como en Sant Antoni y, aunque en menor medida, en Santa Eulària.
El decreto de medidas urgentes reconvertido en ley ya posibilita la construcción de este tipo de alojamientos en suelo turístico, una opción especialmente válida para las urbanizaciones. Y que cumple con otra de las premisas: que esas residencias estén cerca de los puestos de trabajo y de los servicios para facilitar una movilidad más sostenible.
El problema es la ubicación de estas residencias en las zonas urbanas, donde la escasez del suelo y el precio lo imposibilitan. Es aquí donde el PIAT puede contribuir a desatascar la maraña.
“Si en cuanto a plazas turísticas estamos bien, gracias a la reducción de la bolsa de 9.000 plazas que pactamos con la Federación Hotelera de Ibiza, no lo estamos en cuanto a residencial. Ese es uno de los temas principales que tiene que abordar el PIAT”, afirmó.
El Consell prevé que el plan pueda someterse a aprobación inicial este año, lo que permitiría comenzar a ordenar jurídicamente estas nuevas figuras de alojamiento dentro de 2027.
Donde no habrá residencias de ese tipo es en Sa Coma, ya que el espacio actual ya está comprometido.
