El Partido Popular denunció este lunes en el Senado la presión que la inmigración irregular y, especialmente, la llegada de menores no acompañados (‘menas‘) está provocando sobre los sistemas de protección de Ibiza y Formentera.
El senador autonómico por Baleares, Miquel Jerez, recordó durante la comparecencia de Pavón que más de 900 menores han sido atendidos por los Consells de ambas islas cuando la red ordinaria estaba dimensionada para unas 80 plazas.
«El Gobierno está convirtiendo el sistema de protección de menores en su política migratoria. Un sistema creado para atender situaciones de abandono, maltrato o desamparo no puede terminar absorbiendo las consecuencias de una inmigración irregular que el Estado no está siendo capaz de ordenar», afirmó Jerez.
«Quien tiene las competencias no las ejerce»
El senador insistió en que la obligación de proteger a los menores que llegan no puede servir de excusa para que el Gobierno eluda las suyas.
«El Consell de Formentera puede tutelar a un menor, pero no puede controlar una frontera. El Consell de Ibiza puede abrir plazas de acogida, pero no puede negociar con Argelia. Los consells pueden contratar educadores, pero no pueden perseguir a las mafias ni desplegar Guardia Civil», señaló.
«Esa es la enorme injusticia de lo que está sucediendo: quien tiene las competencias no las ejerce y quien no las tiene acaba obligado a gestionar todas las consecuencias», resumió.
Formentera: de 860.000 euros presupuestados a 10,5 millones previstos
Jerez puso como ejemplo la situación de Formentera, que había presupuestado inicialmente para 2026 unos 860.000 euros para estos gastos y en mayo ya había acumulado 3,6 millones de euros, con una previsión que llegó a situar el gasto en torno a los 10,5 millones hasta octubre.
«Ha tenido que ser el Govern de las Islas Baleares quien movilice recursos extraordinarios para que el Consell pueda seguir atendiendo a estos menores», señaló. «Qué barato le sale al Gobierno su política migratoria y qué caro nos sale a los demás gestionar sus consecuencias», añadió.
De 22 llegadas en 2016 a más de 7.321 en 2025
El senador recordó que Baleares pasó de registrar 22 llegadas en 2016 a más de 7.321 en 2025.
«Diez años después nadie puede decir que esto nos haya cogido por sorpresa. Y, sin embargo, seguimos arrastrando las mismas carencias. Faltan medios, faltan efectivos, no existe una cooperación con Argelia que esté consiguiendo contener esta ruta y los mecanismos de retorno son insuficientes», manifestó.
Jerez advirtió también de que «las mafias necesitan fronteras vulnerables. Cuando comprueban que una ruta funciona, la explotan todas las veces que haga falta». «No aceptamos que la política migratoria consista simplemente en administrar la llegada de pateras. El Estado tiene que controlar sus fronteras, perseguir a las mafias y disponer de los medios necesarios para hacerlo», defendió.
La presión sobre las fuerzas de seguridad
El senador trasladó también la presión que esta situación está provocando sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Faltan agentes y faltan medios. Cada nueva oleada obliga a mover efectivos de un sitio a otro. Estamos tapando agujeros y llevando a policías y guardias civiles al límite para compensar con su esfuerzo lo que el Gobierno no pone en medios», afirmó.
Jerez cerró su intervención agradeciendo la comparecencia de Pavón y reconociendo el trabajo del Govern de Marga Prohens: «El Govern está poniendo recursos, apoyando a los Consells y dando respuesta allí donde el Estado no está llegando». «Esta es la realidad: quien no tiene las competencias está asumiendo las consecuencias y quien las tiene no está a la altura de sus responsabilidades», concluyó.
