La estrategia del Ejecutivo para frenar la escalada de los precios del combustible, impulsada por la inestabilidad en Oriente Medio y el encarecimiento del crudo, no está alcanzando los objetivos previstos.
Los datos más recientes reflejan que los alivios tributarios han sido absorbidos por el mercado, dejando a los consumidores en una situación de vulnerabilidad económica.
Cifras en ascenso: el impacto en el surtidor
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el cierre de marzo dejó cifras alarmantes: el gasóleo experimentó una subida del 20,1% respecto al mes anterior, mientras que la gasolina aumentó un 8,1%. Esta tendencia no se ha detenido en abril; según el Boletín Petrolero de la Unión Europea, en la segunda semana del mes el diésel alcanzó los 1,884 euros por litro y la gasolina los 1,552 euros.
La magnitud de esta subida es evidente al comparar los precios actuales con los registrados antes del estallido del conflicto con Irán el pasado 28 de febrero. En aquel momento, los combustibles se situaban por debajo de los 1,50 euros de media, una cifra que hoy parece lejana.
Críticas a la eficacia de las medidas fiscales
El paquete aprobado el 20 de marzo incluía la bajada del IVA del 21% al 10% y el recorte de los impuestos especiales al mínimo legal europeo. Aunque el Gobierno proyectaba un ahorro de hasta 30 céntimos por litro, la realidad en las estaciones de servicio ha sido distinta.
Desde la asociación de consumidores Facua, su secretario general Rubén Sánchez califica estas medidas como un «maquillaje fiscal» poco efectivo. La organización denuncia que:
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Las gasolineras no han repercutido la totalidad de la rebaja a los clientes.
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Se han detectado abusos en los márgenes de beneficio de las operadoras.
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La bajada real se situó en los 19,2 céntimos, lejos de los 23,3 céntimos esperados si se hubiera aplicado el descuento íntegro.
Ante este escenario, Facua reclama al Gobierno que abandone las medidas generalistas y opte por fijar precios máximos e intervenir directamente el mercado para frenar los abusos.
El impacto en los salarios y el consumo
Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) advierte que el coste de los carburantes está arrastrando al alza el precio de la cesta de la compra.
Javier Pacheco, portavoz del sindicato, señala que la inflación está mermando el poder adquisitivo de los trabajadores: en el primer trimestre de 2026, los salarios pactados han quedado 0,5 puntos por debajo del IPC. CCOO insiste en que no se puede «inyectar dinero público» sin un control estricto que garantice que las empresas no mantengan sus beneficios a costa de la ciudadanía.
Alternativas: ayudas selectivas y teletrabajo
Los técnicos de Hacienda (Gestha) también se han mostrado críticos con la bajada del IVA: consideran que es una medida «regresiva» que beneficia más a las rentas altas, quienes suelen tener un consumo de combustible superior. En su lugar, proponen:
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Ayudas directas: dirigidas exclusivamente a los colectivos más vulnerables y sectores profesionales afectados.
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Impulsar el teletrabajo: según Gestha, trabajar a distancia tres días a la semana podría ahorrar a cada empleado unos 35 euros mensuales en combustible, reduciendo el consumo total de la UE entre un 2% y un 6%.
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Refuerzo del transporte público: mantener y ampliar los descuentos en abonos y fomentar la movilidad eléctrica mediante incentivos en el IRPF.
Para impedir que las rebajas en los impuestos se traduzcan únicamente en mayores ganancias para las compañías del sector, los especialistas plantean que la CNMC intensifique la supervisión de las operadoras. Asimismo, proponen retomar el gravamen sobre las rentas excedentes de las empresas energéticas como medida de equilibrio.
