La implantación de la baliza V-16 conectada a la nube, que sustituirá de forma definitiva a los tradicionales triángulos de emergencia el 1 de enero de 2026 exclusivamente en España, ya genera resistencia ciudadana y jurídica.
La asociación Policías por la Libertad ha difundido un recurso de alegaciones que permite impugnar sanciones en caso de no disponer del nuevo dispositivo, amparándose en la falta de concreción legal, la vulneración de derechos fundamentales y la desigualdad de trato entre ciudadanos.
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“Nos encontramos ante una norma penal en blanco, donde se remite a un reglamento para definir la infracción y su sanción”, sostienen en el texto legal, al que ha tenido acceso La Voz de Ibiza.
El documento de recurso no se presenta de forma preventiva. Solo puede utilizarse una vez notificada la sanción por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT), dentro del plazo legal de alegaciones.
Según Policías por la Libertad, cualquier ciudadano multado puede descargar el escrito y presentarlo para exigir la anulación del expediente sancionador, sustentado en fundamentos jurídicos.
El texto tacha de arbitraria la imposición obligatoria de la baliza V-16 geolocalizable. Según expone, el dispositivo transmite datos de forma automatizada, lo que “viola el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales”.
El recurso subraya que “la activación de la baliza remite información directamente y de forma involuntaria”, sin que exista “una información previa del afectado” ni constancia sobre “el nombre y cargo del responsable y encargado del tratamiento de los datos emitidos”.
¿Por qué la DGT obliga a usar la V-16?
La Dirección General de Tráfico ha justificado la medida en base a la seguridad: una veintena de personas fallecen al año atropelladas tras bajarse del coche para colocar los triángulos.
La V-16 permite señalizar el peligro con solo bajar la ventanilla y colocarla sobre el techo del vehículo. Su luz visible a un kilómetro y a 360 grados, incluso con lluvia o niebla, mejora la visibilidad respecto al sistema clásico.
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Pero el cambio tecnológico no está solo en la luz: la V-16 transmite la ubicación del vehículo en tiempo real a los servidores de la DGT. Esto permite alertar a otros conductores mediante paneles y apps. La información se envía automáticamente cada 100 segundos hasta que el dispositivo se desactiva.
“Se impone un sistema con transmisión de datos sin consentimiento informado del usuario, en contra de lo establecido por la legislación de protección de datos”, alega la asociación.
Críticas por desigualdad y falta de acceso
Otro de los ejes del recurso es la desigualdad de acceso a la baliza conectada. El dispositivo tiene un coste económico y técnico no asumible para todos los ciudadanos. De hecho, según un estudio de Coyote, el 80% de los conductores aún no la ha adquirido, pese a que la fecha límite se acerca.
Otro de los argumentos presentados en el recurso es la discriminación que supone la medida para determinados colectivos. El escrito señala que los vehículos extranjeros no están obligados a llevar la baliza, mientras que los nacionales sí, lo que a su juicio vulnera el artículo 14 de la Constitución Española.
Además, advierte que el dispositivo geolocalizable podría dejar de funcionar con el paso del tiempo debido al agotamiento de las baterías, convirtiéndose en una “trampa mortal” si no se sustituye a tiempo.
El recurso también cuestiona la legitimidad técnica y jurídica del dispositivo. Solicita que el Ministerio del Interior incorpore al expediente sancionador los informes técnicos y científicos que justificaron la elaboración del Real Decreto 1030/2022, para demostrar que la medida es “necesaria, eficaz, proporcional, no discriminatoria, y que no hay alternativa mejor ni menos restrictiva”.
Además, afirma que se trata de un “experimento” en el que “los ciudadanos españoles somos los conejillos de indias”.
En tal sentido, remarca que «la baliza V16 geolocalizable no es reglamentaria en ningún otro país del mundo, prueba evidente de que se trata de un experimento, en el que los ciudadanos españoles somos los conejillos de indias. El vehículo español que circule por cualquier otro país deberá llevar los tradicionales e inveterados triángulos, o se arriesga a ser sancionado. Sin embargo, el vehículo extranjero que circule por España, no está obligado a llevar este fraudulento dispositivo, creando una discriminación, proscrita por el art 14 de la Constitución».
Quiénes son Policías por la Libertad
Policías por la Libertad es una asociación sin ánimo de lucro registrada el 15 de abril de 2021 en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 622015. Según su propia presentación, está integrada por miembros de distintos cuerpos de seguridad del Estado, como Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, Policía Portuaria, bomberos, militares y también ciudadanos.
La organización surgió en el contexto de la pandemia de COVID-19, como respuesta crítica a las restricciones impuestas por el Gobierno. Desde entonces, ha cuestionado abiertamente decisiones institucionales en materia de salud pública, protección de datos, control tecnológico y libertades individuales.
En su manifiesto, denuncian que el Estado utiliza la legislación para restringir derechos fundamentales y “controlar a la población mediante el miedo y la división social”.
“Nos hemos comprometido en proteger a las personas, defender la verdad, la justicia y las libertades, guiados por los principios que como policías juramos cumplir para servir al pueblo”, afirman en su sitio web.
La asociación ha denunciado haber sufrido desprestigio mediático, censura en redes sociales, hackeos y sanciones disciplinarias a algunos de sus miembros. Acusan al poder político y mediático de intentar silenciar sus mensajes por considerarlos incómodos para el sistema establecido.
Desde su fundación, ha promovido recursos legales, manifestaciones y campañas informativas. Uno de sus líderes visibles es el policía local valenciano Juan Manuel Ramos Mateo, quien ha difundido en redes sociales mensajes en los que cuestiona la vacunación, las políticas de género y el uso obligatorio de mascarillas.
En declaraciones públicas, ha llegado a comparar la gestión de la pandemia con los juicios de Núremberg, afirmando: “Nos están inyectando algo que no sabemos lo que es”.
En la actualidad, Policías por la Libertad mantiene una línea de oposición activa a lo que consideran medidas arbitrarias del Estado, como la implementación de la baliza V-16 conectada, impulsando modelos de recurso para impugnar sanciones por no utilizarla.
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