La Junta de Gobierno del Consell de Formentera ha aplicado la ridícula multa mínima de 1.500,01 euros a los ocho concesionarios de kioscos de playa del concurso bajo sospecha por el incumplimiento de desmontar durante un mes, cifra que salió de la boca de los propios chiringuitos: es la misma sanción que habían pedido el 17 de octubre del año pasado en una reunión con el director insular de Litoral.
Así, la multa se ha convertido en una ganga, ya que los propios chiringuitos indicaron que el coste de cumplir la obligación de desmontar y montar de nuevo ascendería a 50.000 euros.
Sin embargo, entre las alegaciones, los actuales concesionarios intentaron evitar el pago al argumentar que la multa “debe compensarse con el exceso del canon del ejercicio 2024 abonado por la contratista”.
“Conviene recordar que esta mercantil, con fecha 9 de diciembre de 2024, solicitó a esta Administración la devolución parcial del canon del ejercicio de 2024 debido a que no había podido explotar y ocupar las instalaciones objeto del contrato durante todo el año. Pues bien, entendemos que la multa de 1.500,01 euros que el Consell Insular de Formentera pueda imponer a esta contratista deberá compensarse con el importe del canon del ejercicio de 2024 que todavía no se ha devuelto, pese a la solicitud formulada”, alegaron los concesionarios.
Sin embargo, la Junta de Gobierno el 25 de abril acordó desestimar las alegaciones “presentadas por la representación procesal de las contratistas” y establecer la “imposición de la penalidad muy grave” con la irrisoria multa de 1.500,01 euros.
De todas formas, el Consell reconoce que “no se ha impuesto ningún otro tipo de penalidad a la contratista”, a pesar de la acumulación de irregularidades de los kioscos de playa, incluso denunciadas por los anteriores concesionarios.
Además, establece que la multa se hará efectiva “sobre la garantía definitiva constituida ante el Consell Insular de Formentera por cada una de las contratistas” y otorga un plazo de “15 días a partir de la ejecución de la sanción para que las contratistas repongan la garantía definitiva ante el Consell Insular de Formentera, informando que, en caso contrario, será causa de resolución del contrato”.
Las argumentaciones
En el acta, la Junta de Gobierno reconoce que tal obligación se encuentra en el “pliego de cláusulas particulares para la formalización de la cesión de los derechos de explotación de los servicios de temporada de playas para las temporadas 2022 a 2027 en el término municipal de Formentera, y el Pliego de prescripciones técnicas particulares para la explotación de los derechos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) derivados del correspondiente título habilitante”.
Además, explica que se han realizado dos inspecciones el 2 y 15 de febrero “en los que se deja constancia de que los quioscos-bar están montados, incumpliendo así la obligación de desmontaje durante el periodo establecido del 15 de enero al 15 de febrero”.
Siete de las ocho alegaciones fueron realizadas el 18 de marzo por el abogado Francisco Javier Jiménez De Cisneros Cid en representación de los chiringuitos: Paraíso de los Pinos S.A., Delle Vittorie S.L., Far Away La Mola S.L., Mar y Playa 2 S.L., Apartamentos Castavis S.A., Ojalá Formentera 3 S.L. y Monolisto 2016 S.L.
El octavo escrito fue realizado por Bartolomé Escandell Torres, quien desestima presentar alegaciones.
¿Qué hará el Govern?
El título concesional del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico otorgado a través de la Dirección General de la Costa y el Mar al Consell Insular de Formentera no admite dudas respecto a la insumisión a la obligación de desmontar los quioscos de playa durante un mes de los actuales concesionarios: la concesión ha de ser rescindida.
Así se desprende de la autorización al Consell de Formentera para concesionar unos 907 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre con destino a instalaciones de los servicios de playa en varias playas de Formentera.
En las Prescripciones del documento firmado el 26 de abril de 2023 por Ana María Oñoro Valenciano, directora general de la Costa y el Mar, el Ministerio determina la caducidad de la concesión “con independencia de la tramitación del expediente sancionador que corresponda” ante una serie de incumplimientos, entre los que se encuentra la obligatoriedad a desmontar.
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