El nuevo reglamento del taxi y de las VTC —entre ellas Uber y Cabify— ha superado ya su último trámite obligatorio. El Consell Consultiu ha emitido dictamen favorable sobre el proyecto de decreto del Govern balear, lo que permite al Ejecutivo aprobar el texto en cualquier momento (algo que se considera inminente, ya que el 23 de febrero vence la moratoria que impide la aprobación de nuevas licencias de VTC). De todas maneras, el órgano advierte de diversas cuestiones que considera poco claras y recomienda afinar varios artículos para evitar problemas de aplicación.
El dictamen, fechado en enero de 2026, concluye que el decreto se ajusta al ordenamiento jurídico, una vez subsanado el defecto de procedimiento que obligó a reabrir la información pública durante siete días. Según recuerda el propio Consultiu, esa reapertura fue necesaria porque el texto había incorporado “modificaciones sustanciales” tras la primera exposición pública, lo que habría puesto en riesgo su validez.
“Una vez reproducido el trámite de información pública y audiencia, el proyecto puede continuar su tramitación”, señala el dictamen.
Aval al fondo, con advertencias jurídicas
El Consultiu avala el planteamiento general del reglamento, que regula en un solo texto tanto el servicio de taxi como el de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC). El órgano considera correcta esta opción y no cuestiona la distinción entre un bloque común y capítulos específicos para cada modalidad. Este punto había sido objeto de alegaciones.
No obstante, el dictamen advierte de que varios artículos generan inseguridad jurídica por falta de concreción. En particular, señala que el decreto debe precisar mejor determinadas obligaciones impuestas a las VTC para evitar interpretaciones arbitrarias.
“La falta de concreción normativa puede generar inseguridad jurídica en la aplicación del régimen sancionador”, advierte el Consultiu.
Captación de clientes en la calle y circulación sin servicio
Uno de los puntos más sensibles abordados por el Consultiu es la prohibición de que las VTC capten pasajeros en la vía pública. El órgano recuerda que esta limitación está respaldada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero subraya que el decreto autonómico debe definir con mayor claridad qué conductas están prohibidas y cuáles permitidas.
“Debe aclararse en qué supuestos un vehículo VTC puede circular sin prestar servicio sin que ello constituya una infracción”, señala el dictamen. El Consultiu advierte de que, sin esa precisión, pueden surgir conflictos tanto para las empresas como para los órganos de control.
Registros, comunicaciones y requisitos poco definidos
El dictamen también cuestiona varios preceptos que imponen a taxis y VTC obligaciones de registro o comunicación de servicios sin desarrollar aspectos esenciales como plazos, contenido o efectos jurídicos.
“La norma impone deberes sin determinar suficientemente cómo, cuándo y en qué condiciones deben cumplirse”, recoge el texto.
A juicio del órgano consultivo, este tipo de redacciones pueden comprometer la seguridad jurídica y dificultar la aplicación efectiva del reglamento.
Voto particular y dudas sobre licencias y cupos
El dictamen incorpora además un voto particular de dos consejeros, que discrepan sobre la posibilidad de transmisión o venta de licencias y cuestionan el encaje de algunas excepciones con la normativa estatal de transportes.
Asimismo, el Consultiu recuerda que el sistema de cupos de taxis y VTC ha sido objeto de controversia judicial en otros territorios y subraya la necesidad de que esté debidamente justificado.
El camino queda despejado
Pese a estas observaciones, el Consell Consultiu no bloquea el decreto ni exige nuevos trámites. Con el dictamen ya emitido, el Govern puede aprobar el reglamento en Consell de Govern y proceder a su publicación en el BOIB.
De este modo, el texto que marcará el futuro del taxi y de Uber en Ibiza y en el resto de Baleares queda pendiente únicamente de la decisión final del Ejecutivo, tras un proceso de tramitación largo y con múltiples ajustes.
