INMIGRACIÓN ILEGAL

El Senado pide al Gobierno un sistema de visado por puntos y retornos más ágiles para migrantes

La Cámara Alta aprueba una moción del PP, respaldada por Vox y UPN, que reclama endurecer la política migratoria y centralizar las competencias en extranjería, mientras el PSOE acusa a los populares de asumir las tesis de la ultraderecha.

Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, a 14 de octubre de 2025, en El Hierro, Islas Canarias (España).

El Senado ha aprobado este miércoles una moción del Partido Popular en la que insta al Gobierno a endurecer la política migratoria con medidas como un sistema de autorizaciones por puntos para migrantes y la garantía de retornos y expulsiones rápidas y efectivas.

La iniciativa, que ha salido adelante con 148 votos a favor (PP, Vox y UPN), 110 en contra (PSOE y sus socios) y dos abstenciones (Agrupación Herreña y Agrupación Socialista Gomera), ha reavivado la tensión entre los principales partidos por el enfoque de la gestión migratoria en España.

El PP habla de «descontrol absoluto» y pide centralizar competencias

Durante el debate, la senadora del PP Miriam Bravo defendió la moción como un ejercicio de «responsabilidad» frente a lo que calificó como un «descontrol absoluto» en las fronteras españolas.

«Hay que afrontar el reto migratorio de forma realista y humana, sin caer en el falso buenismo de la izquierda ni en la estigmatización que practica Vox», afirmó. Bravo acusó al Ejecutivo de llevar a cabo un «reparto arbitrario» de menores no acompañados entre las comunidades autónomas «sin recursos suficientes», lo que, según dijo, está «dinamitando la convivencia» y «reventando los servicios públicos» de los territorios de acogida.

La senadora también denunció que el modelo actual «castiga» a las comunidades gobernadas por el PP, como Madrid. «España no puede ser un corredor humano ni puede permitirse repartir inmigrantes como si fueran paquetes sin alma», añadió.

Entre las propuestas del PP figuran la centralización de las competencias en inmigración y extranjería, la reforma del Código Penal para reforzar la persecución del tráfico de migrantes en aguas internacionales y la implantación de un sistema de visado por puntos. El texto también propone reforzar los requisitos para obtener la nacionalidad, recuperar la excepcionalidad del arraigo y verificar la edad de los migrantes en un máximo de 72 horas, expulsando a quienes falseen su identidad.

El PSOE acusa al PP de reciclar propuestas de Vox

El portavoz socialista Pedro Manuel Martín criticó la iniciativa popular por «no aportar propuestas nuevas» y por incluir «ocurrencias de Vox». A su juicio, el plan del PP «es una desilusión» que intenta proyectar la imagen de que España «está fuera de control» cuando «no lo está».

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«El PP necesita señalar a España como un caso absolutamente fuera de control», afirmó, y reprochó a los populares que consideren a los migrantes «solo un problema». Martín también lamentó que la moción ignore la aportación de la inmigración al empleo, al PIB y a la renovación generacional, y que apenas dedique «cuatro párrafos» a los menores migrantes, sin mencionar la situación en Ceuta, Melilla o Canarias.

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Partera con inmigrantes irregulares.

Vox pide «poner orden» y afirma que España «no puede acoger a toda África»

El senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo defendió la necesidad de «poner orden» en la política migratoria porque, según dijo, «España no puede acoger a toda África ni a todo el mundo». Rechazó las «puertas abiertas» y habló de «una auténtica invasión», pidiendo «sensatez y cordura antes de que sea demasiado tarde».

Críticas de los nacionalistas y socios del Gobierno

Desde Junts, Eduard Pujol reivindicó que Cataluña disponga de competencias propias en materia migratoria, comparando la situación con la del Estado español: «Si ustedes, que son nación, quieren regular la inmigración, ¿por qué Cataluña, que también es nación, no puede hacerlo?».

Por su parte, la senadora de UPN, María Mar Caballero, apoyó la moción pero reclamó que la inmigración se aborde como un «auténtico tema de Estado», con «una política seria, coherente y coordinada».

En cambio, EH Bildu acusó al PP de «abrazar irresponsablemente la retórica antiinmigración» y de repetir «los mantras y mentiras de la extrema derecha». El senador Josu Estarrona denunció que el PP promueve «clasismo, racismo y aporofobia», mientras «pone alfombra roja a las fortunas extranjeras que compran vivienda a cambio de residencia».

El senador de Agrupación Socialista Gomera, Fabián Chinea, apeló a una política migratoria de Estado «ajena a los vaivenes partidistas», y reprochó a los gobiernos autonómicos del PP su falta de corresponsabilidad en la atención a los menores.

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Finalmente, la senadora del PNV, Nerea Ahedo, abogó por una respuesta coordinada, humanitaria y sostenible, que integre a las personas migrantes y promueva su contribución al desarrollo. Ahedo criticó que el texto del PP sea un «totum revolutum» pensado para obtener «rédito electoral» ante la presión de la extrema derecha.

Un debate marcado por la crispación

La votación en el Senado reflejó la profunda división política en torno a la gestión de la inmigración. Mientras el PP defiende un endurecimiento de las normas y una mayor centralización estatal, el PSOE y sus socios insisten en una política humanitaria y coordinada con Europa.

El intercambio de acusaciones —entre el «descontrol» que denuncia el PP y el «alarmismo» que reprocha el PSOE— anticipa que la inmigración seguirá siendo uno de los ejes de confrontación política en los próximos meses.

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