La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado este lunes en el Parlament que las nuevas ambulancias adquiridas para el GSAIB permitirán que Baleares cuente con «la mejor flota de su historia» y ha reiterado que la adaptación provisional de varios vehículos «no ha supuesto ni un céntimo de dinero público».
Con estas declaraciones respondía a la diputada del PSIB Patricia Gómez, que denunció un supuesto sobrecoste derivado de las modificaciones para rebajar el peso de las unidades destinadas al transporte programado. En este contexto, las críticas socialistas coinciden con lo alertado por UGT en Ibiza sobre el cuello de botella para los servicios en silla de ruedas, como avanzó La Voz de Ibiza.
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Un error imperdonable en los pliegos, la causa del contrato fallido de las ambulancias
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Alerta sanitaria: conductores sin carné para las nuevas ambulancias en Ibiza y Formentera
García defendió que simplemente se han retirado una rampa y un asiento por ambulancia, una medida que —insistió— «no afecta a la seguridad de los usuarios» del servicio y que permitirá que más trabajadores puedan conducir estos vehículos con permiso B. «Por mucho que repita una mentira, no se convertirá en verdad», respondió la consellera a Gómez, quien sostenía que el Govern había asumido un gasto extra para adaptar la flota.
PSIB denuncia desmontajes no previstos en los pliegos
Gómez replicó que, según su revisión de los pliegos del contrato, no se contempla retirar rampas ni plataformas hidráulicas, un equipamiento que la socialista cifró en 15.000 euros por unidad. Además, recordó que el Govern abona 800.000 euros al mes a la empresa concesionaria, circulen o no los vehículos. El PSIB argumenta que, si las ambulancias quedan paradas por las adaptaciones, se genera «un sobrecoste», y añadió que otros gastos asociados serían la ITV, la obtención del carné C para los 110 conductores —que calculó en 280.000 euros— y un posible aumento salarial por la mayor cualificación requerida, que situó en cuatro millones de euros.
«Ha hecho mal sus cálculos», contestó García, que también reprochó a Gómez haber dejado «una flota mal dimensionada» cuando fue consellera. La responsable de Salud defendió que Baleares contará ahora con 246 ambulancias, 37 más que en la legislatura anterior, y todas «adaptadas a las necesidades de los usuarios».
Ibiza solo tendrá tres ambulancias con rampa
Las críticas de la oposición se producen después de que UGT denunciara en Ibiza que, de las ambulancias previstas para las Pitiusas, solo tres A2 con rampa asumirán todos los traslados de personas en silla de ruedas.
Tal y como publicó este medio, la isla dispone únicamente de siete conductores con carné C, quienes deberán cubrir todos los turnos de estas unidades, lo que puede provocar retrasos y sobrecargas, según advirtió el delegado de UGT, Vicente Nadal Ballesteros. Además, el sindicato criticó que la retirada de rampas y asientos para aligerar los vehículos implica que algunas furgonetas ya no puedan transportar sillas de ruedas, un cambio que reduce su versatilidad clínica y aumenta el riesgo de reprogramaciones si alguna unidad queda fuera de servicio.
La Conselleria se ha comprometido a financiar nuevas capacitaciones para incrementar el número de profesionales con permiso C, mientras UGT reclama compensaciones económicas para quienes ya lo obtuvieron por su cuenta.
PSIB alerta de más sobrecostes y del impacto en el servicio
Gómez insistió durante el debate en que, si el Govern debe sufragar nuevas formaciones, ITV adicionales o mejoras salariales derivadas de estas exigencias, el conjunto sí supone «un sobrecoste evidente» para la administración. La socialista afirmó que 55 de las 100 ambulancias adquiridas requieren modificaciones para no superar los 3.500 kilos, límite que permite ser conducidas con permiso B. Este punto coincide con el origen del problema detectado en las Pitiusas: tal y como explicó UGT, el pliego técnico fijó una masa máxima autorizada superior a ese umbral para muchas A2, obligando a disponer de conductores con carné C/C1.
Debate paralelo sobre salud mental
En el mismo pleno, la diputada del PSIB Amanda Fernández criticó la gestión del Govern en materia de salud mental, a partir del caso de un joven con discapacidad y trastorno del espectro autista. Fernández denunció que, desde que cumplió los 18 años, ha sido atendido por tres psiquiatras distintos en dos años, lo que a su juicio demuestra una falta de continuidad asistencial. García replicó que Salud ha implantado un modelo “escalonado”, basado en la gravedad de los procesos: «Todos los pacientes seguirán el mismo recorrido y accederán a recursos claramente definidos», defendió.
