El Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud del Govern balear para suspender de manera cautelarísima el Real Decreto 743/2025, que fija la capacidad ordinaria del sistema de protección de menores extranjeros no acompañados en cada comunidad autónoma. La decisión se basa en que no se acredita una “especial urgencia” que justifique la medida.
La Sala Tercera del Supremo ha dictado un auto en el que descarta la suspensión inmediata del decreto estatal y ordena tramitar el incidente cautelar por la vía ordinaria, lo que supone que el Govern deberá esperar a que se resuelva el recurso sin paralización previa.
El tribunal otorga cinco días a la Administración del Estado para presentar sus alegaciones. Según fuentes judiciales, la decisión no entra al fondo del asunto, sino que se limita a la valoración de urgencia solicitada por la Abogacía balear. El Ejecutivo autonómico ya ha anunciado que presentará nuevas alegaciones para intentar frenar los traslados.
La resolución del Supremo llega una semana después de que el Govern solicitara la suspensión inmediata, alegando “emergencia migratoria” y riesgo de perjuicio irreversible si continuaban los traslados. Con esta decisión, el tribunal no paraliza el decreto estatal, pero deja abierta la posibilidad de que, en el proceso ordinario, se valoren de nuevo los argumentos jurídicos y las pruebas sobre la saturación del sistema de acogida balear.
Un sistema “saturado”
El Govern, presidido por Marga Prohens, defendía que la situación del sistema de acogida en Baleares es “extremadamente crítica”. En su recurso, la Abogacía autonómica argumentaba que la comunidad dispone de 76 plazas ordinarias, pero tutela a más de 700 menores, una sobrecarga cercana al 1.000 %. El decreto estatal asigna a Baleares 406 plazas, cifra que el Ejecutivo autonómico considera inviable. “Cualquier nuevo traslado degradaría la calidad de la atención y vulneraría el interés superior del menor”, advirtieron desde la Conselleria de Presidencia.
Recurso paralelo ante el Constitucional
Además de este procedimiento, el Govern ha presentado otro recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la ley de extranjería, así como alegaciones contra los primeros traslados de menores desde otras comunidades a Baleares. La Abogacía balear considera que el decreto estatal incurre en una “nulidad manifiesta de pleno derecho” al haberse aprobado sin el dictamen preceptivo del Consejo de Estado, obligatorio en normas que crean nuevos derechos u obligaciones.
