GESTIÓN DE RESIDUOS

El traslado de basura de Ibiza a Mallorca afronta su primer frente judicial

El recurso del GOB contra la adjudicación a GIREF avanza en los tribunales mientras la prueba piloto continúa operativa y sin cambios.
Montaje que ilustra el traslado de residuos desde Ibiza a la planta de Son Reus, en Mallorca.

El contrato que sostiene el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca está formalmente recurrido ante los tribunales, y el proceso judicial avanza al mismo tiempo que la prueba piloto funciona con normalidad. El Consell de Ibiza ha publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) la citación a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo que el GOB (Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa) mantiene contra la adjudicación del servicio a la UTE GIREF.

Se trata del Procedimiento Ordinario 79/2026, que se tramita ante el Tribunal de Instancia, Sección Contenciosa Administrativa, de Palma. El recurso se dirige contra el acuerdo del Consell Executiu del 22 de mayo de 2026 por el que se adjudicó a GIREF —la concesionaria del Área Ambiental de Ca na Putxa— el contrato del servicio para la prueba piloto de envío de la fracción rechazo a la planta de incineración de Mallorca. El tribunal dictó el decreto que da traslado del recurso el pasado 16 de junio, y la publicación en el boletín abre ahora un plazo de nueve días para que quienes tengan interés legítimo puedan personarse en el procedimiento.

Un recurso ya anunciado por la entidad

La existencia de este contencioso no es nueva, pero hasta ahora se conocía por la propia entidad ecologista. El GOB ya había informado de la admisión a trámite del recurso durante la reunión en la que diecisiete entidades vecinales y ecologistas de Mallorca constituyeron una plataforma para pedir la paralización del traslado. La publicación en el BOIB confirma ahora oficialmente, a través de un documento del propio Consell, que el litigio existe, está radicado en un tribunal concreto y sigue su curso.

El recurso apunta al punto más cuestionado del contrato: la forma en que se adjudicó. El Consell tramitó el encargo mediante un procedimiento negociado sin publicidad, una fórmula que no permite la concurrencia de otras empresas y que la institución justificó en que, por imposición legal, la prueba piloto solo podía encomendarse a la concesionaria que ya gestiona los residuos de la isla. El contrato, que recibió una única oferta, la de la propia GIREF, tiene un presupuesto base de 2,7 millones de euros y un valor estimado que puede alcanzar los 24,6 millones con las sucesivas ampliaciones.

El pleito no frena, por ahora, el traslado

La existencia del recurso no ha detenido la operación. La citación publicada en el BOIB es un trámite procesal de emplazamiento a terceros interesados y no comporta la suspensión del contrato ni la paralización del servicio. De hecho, el plan piloto arrancó el pasado 15 de julio —con el sobresalto de la inmovilización temporal del buque Al Andalus Express por Capitanía Marítima el día del estreno— y ha completado ya su primera semana de funcionamiento.

Ese primer balance, facilitado por el Consell, se saldó sin incidencias reseñables, con 792 toneladas trasladadas y una media de 5,5 camiones diarios, por debajo del máximo de siete previsto. Mientras el servicio se consolida sobre el terreno, el frente judicial abierto por el GOB queda pendiente de resolución, en un procedimiento ordinario que puede prolongarse durante meses.

Un traslado contestado en las dos islas

El recurso del GOB es una de las varias vías de contestación que ha suscitado el plan piloto desde antes de su puesta en marcha. En Mallorca, además de la plataforma vecinal y ecologista constituida en Son Sardina, el PSOE ha denunciado la «falta de transparencia» del proceso en ambas islas, y distintos colectivos han advertido de los riesgos ambientales de incinerar en Son Reus la basura procedente de otra isla.

El plan piloto, que tiene una duración prevista de dos años, debe servir para determinar si el traslado marítimo a Mallorca es una solución viable ante la inminente finalización de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa, prevista en torno a 2028. El Consell calcula que Ibiza deberá enviar sus residuos a Mallorca durante al menos una década, mientras no exista una infraestructura alternativa en la isla.

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