El esperado traslado de residuos desde Ibiza a Mallorca empieza a perfilar su hoja de ruta definitiva. El Consell Insular de Mallorca ultima los detalles burocráticos para iniciar el plan para que, a partir de 2026, las toneladas de basura acumuladas en Ca na Putxa puedan ser incineradas en la planta mallorquina de Son Reus.
El pasado martes, el Parlament balear ha convalidado el decreto de proyectos estratégicos, una norma que permitirá encajar legalmente el plan. Así, blinda la cobertura legal del traslado y configura este movimiento de la basura ibicenca como una medida excepcional, con prueba piloto previa y una ayuda de 50 millones al Consell de Mallorca.
Esta iniciativa había quedado en el aire el pasado mes de septiembre, cuando el partido Vox rechazó el primer borrador del decreto, paralizando los trabajos técnicos ya iniciados. Sin embargo, tras semanas de negociación, PP y Vox han alcanzado un acuerdo que permite su tramitación como proyecto de ley.
El desbloqueo normativo ha sido clave para que el Consell de Mallorca retome las gestiones con Ibiza y acelere la formalización del convenio entre ambas instituciones.
El plan prevé una compensación de 50 millones de euros, que el Govern balear abonará a Mallorca en un plazo de diez años, a razón de cinco millones anuales. Esta cifra busca resarcir a la isla receptora por los costes derivados del transporte e incineración de residuos procedentes de las Pitiusas.
Un proyecto aplazado desde el verano
El objetivo inicial era lanzar una prueba piloto entre octubre y noviembre de 2024, una vez concluida la temporada turística. En mayo, el Consell de Ibiza, el Consell de Mallorca y el Govern balear alcanzaron un preacuerdo político para activar el traslado de residuos, dada la situación de agotamiento del vertedero pitiuso.
El proyecto busca dar una salida inmediata a una problemática que se arrastra desde hace años. En la actualidad, Ca na Putxa recibe más de 90.000 toneladas anuales de basura, y su capacidad de almacenamiento está cerca del límite. El Consell de Ibiza había advertido de la necesidad de encontrar una solución urgente para evitar una crisis medioambiental.
Tal como avanzó Diario de Mallorca, el Consell mallorquín trabaja en paralelo en una rebaja del 10% en la tarifa de residuos sólidos urbanos (RSU) para compensar el impacto del incremento de volumen procedente de Ibiza. Este ajuste se aplicará una vez se haya formalizado el convenio definitivo entre las partes.
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Rechazo frontal de la oposición y el GOB
La operación cuenta con una oposición frontal por parte del PSIB y Més per Mallorca. La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, denunció que “los traslados deben hacerse en una cantidad mínima y con garantías medioambientales, tanto en temas de incineración como en temas de movilidad”.
Cladera también criticó la actitud del Consell de Ibiza por no haber avanzado en políticas de gestión sostenible: “Que hagan los deberes y minimicen las cantidades de residuos que vendrán”.
Desde Més per Mallorca, la portavoz Catalina Inés Perelló acusó a las autoridades ibicencas de inacción: “Ibiza debería haber hecho su trabajo. No puede ser que, como solución inmediata, recibamos residuos de otros. Han tenido que buscar un decreto ley para justificarlo”.
