El Govern balear recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) que obliga a volver a tramitar 600 licencias de VTC denegadas durante la pasada legislatura.
Así lo anunció este viernes el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, tras la reunión del Consell de Govern. Costa subrayó que la resolución judicial “obliga a tramitar de nuevo las solicitudes de las licencias, no a otorgarlas” y la calificó de “injusta” para el sector del taxi, por lo que el Govern la combatirá “hasta la última instancia”.
Un fallo que cuestiona el uso de la ratio para vetar VTC
La sentencia —a la que tuvo acceso La Voz de Ibiza— anula la resolución del anterior Govern que rechazó seis solicitudes de 100 licencias VTC cada una y ordena retrotraer el expediente para que se estudien de nuevo sin aplicar la proporción de 12,6 taxis por cada VTC que fija el Decreto 43/2014 para Mallorca.
El TSJIB considera que esa ratio se aplicó de forma automática, sin justificar “razones imperiosas de interés general” como la buena gestión del transporte, el tráfico, el espacio público o la protección del medio ambiente, en línea con la doctrina europea que ya tumbó límites similares como el 1/30 de Barcelona.
Además, el tribunal precisa que estas 600 solicitudes —presentadas antes de 2024— no están amparadas por la moratoria de nuevas licencias de taxi y VTC introducida por la Ley 1/2024, que solo suspende las autorizaciones pedidas con posterioridad.
Fuentes de la Dirección General de Movilidad ya habían explicado a este diario que el Ejecutivo estudiaba “distintas vías de recurso, así como las medidas complementarias necesarias en su objetivo de evitar una entrada masiva de VTC teniendo en cuenta las circunstancias propias de las islas”.
Al mismo tiempo, el Govern enmarca la batalla judicial en un esquema regulatorio más amplio: la Ley 1/2024 y el nuevo reglamento de taxis y VTC que se está tramitando. Ese marco prevé que:
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sea cada isla la que determine el número máximo de licencias,
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las VTC solo puedan operar en la isla en la que estén domiciliadas,
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y los cupos se fijen con criterios objetivos (Índice de Presión Humana, red de transporte público, presencia de hospitales, puertos y aeropuertos, congestión viaria y parámetros ambientales).
