¿Se usó el dinero de Europa para pagar las pensiones? Esta es la pregunta que ha dividido al Tribunal de Cuentas. El organismo ha detectado que el Gobierno desvió fondos enviados por Bruselas para cubrir gastos normales del día a día, lo que ha provocado un enfrentamiento sin precedentes entre los jueces que controlan las cuentas del Estado.
Qué dice el Tribunal de Cuentas sobre el presunto desvío de fondos
La aprobación de la Cuenta General del Estado de 2024 ha dejado de ser un trámite técnico para convertirse en un conflicto más amplio. Según información adelantada por El Mundo, la fiscalización del organismo revela que el Gobierno utilizó recursos procedentes de la Unión Europea para tapar agujeros urgentes en las cuentas públicas.
Esta situación se habría producido en un año marcado por la prórroga de los presupuestos, lo que obligó a la Administración a buscar alternativas de financiamiento. Sin embargo, una parte del Tribunal considera que se cruzaron líneas rojas al emplear dinero con fines específicos para pagar obligaciones ordinarias del Estado, lo que ha generado una fractura interna entre los consejeros.
Los fondos Next Generation, el punto más sensible
El núcleo de la controversia recae en los fondos Next Generation, diseñados por Bruselas exclusivamente para proyectos de transformación económica y reformas tras la crisis del Covid-19. El informe del Tribunal de Cuentas detecta que parte de estos recursos, que aún no habían sido adjudicados a proyectos concretos, se redirigieron hacia el gasto corriente.
El uso de estas ayudas europeas para sostener las pensiones es el punto que más alarma ha generado. Para los consejeros críticos, este movimiento no solo desvirtúa el espíritu de los fondos de recuperación, sino que pone en duda la transparencia y el control sobre cómo el Ejecutivo gestiona sus necesidades financieras cuando no cuenta con el respaldo de unos presupuestos actualizados.
Todas las irregularidades identificadas
Más allá de las cuentas generales, la fiscalización ha puesto la lupa sobre otros organismos como el INGESA, especialmente en su gestión en Melilla. Entre las deficiencias detectadas destacan:
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Contrataciones sin concurso: Se estima que el 93% de las compras se realizaron de forma directa, sin respetar los principios de publicidad y transparencia.
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Problemas laborales: Una tasa de temporalidad en el sector sanitario (23%) que triplica el objetivo legal permitido.
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Falta de supervisión: Fallos en el control de servicios externos como limpieza y seguridad, con prórrogas de contratos que el Tribunal califica de irregulares.
Un cierre marcado por la división técnica y política
El consejero Javier Morillas ha sido una de las voces más contundentes al señalar que las irregularidades van más allá del desvío de fondos: según fuente cercanas, su rechazo a las cuentas se basa en que el Estado está gestionando el dinero público sin presupuestos desde la legislatura anterior, realizando transferencias de crédito indebidas y emitiendo deuda.
Tanto Morillas como el bloque de consejeros propuestos por el PP coinciden en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha incumplido su obligación constitucional al no presentar los Presupuestos para 2024.
Por el momento, el Tribunal de Cuentas se remite a los próximos días para hacer públicos de forma oficial todos los detalles de lo aprobado en este tenso último Pleno.
