El Consell de Ibiza ha solicitado modificaciones en la proposición de ley en trámite en el Parlament balear para combatir las fiestas ilegales en viviendas turísticas, argumentando que la normativa planteada es insuficiente para abarcar todos los ámbitos donde se generan estas molestias.
Mariano Juan, vicepresidente primero de la institución, señaló en la Comisión de Consells Insulares celebrada el lunes que aunque la iniciativa, presentada por Més per Menorca, «va en buena dirección», se deben realizar cambios para mejorar su efectividad.
Desde el Consell ibicenco insisten en que esta normativa no debe centrarse exclusivamente en las viviendas turísticas, sino también en cualquier otro espacio donde se puedan celebrar estas fiestas, como almacenes agrícolas o parajes naturales. Juan subraya que «las molestias son molestias, independientemente de dónde se produzcan» y que lo relevante es sancionar a quienes las provocan, sin limitarse únicamente al ámbito de alquiler turístico.
Fiestas de pública concurrencia
El Consell también busca que la nueva ley diferencie entre fiestas privadas y aquellas que se realizan con fines lucrativos y con acceso abierto mediante el cobro de entradas. «Las fiestas de pública concurrencia son las más problemáticas», enfatizó Juan, refiriéndose a eventos donde se venden bebidas y se permite la entrada de cualquier persona con entrada, situación que convierte estos espacios en discotecas improvisadas en fraude de ley.
Este es un nuevo campo de batalla para rearmar la lucha contra las fiestas ilegales y que sumar al servicio de detectives privados contratados por la institución.
Para Juan, los policías «deben poder entrar en estos lugares para desalojar estas fiestas y cortar de raíz esta problemática».
La inviolabilidad del domicilio consagrada en el artículo 18 de la Constitución en el Título I relativo a los derechos y deberes fundamentales y que lo limita a casos de «flagrante delito», lo que, obviamente no es el caso de una fiesta ilegal. El punto 2 dice textualmente: «El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito».
Este es el punto que impide que se hayan desarrollado las modificaciones normativas encaminadas a clausurar pisos turísticos de forma cautelar y que forzosamente han de contar con el aval de un juez.
Domicilio o actividad económica
Sin embargo, Mariano Juan, en apoyo de su postura, ha presentado sentencias del Tribunal Constitucional y de tribunales ordinarios en las que se especifica que en estos casos, al existir una actividad económica, «no hay un domicilio» y, por tanto, las autoridades pueden ingresar y disolver las celebraciones. «Es una ley que va en buen sentido, pero hay que completarla,» afirmó el conseller.
Propuesta de consenso político
El vicepresidente del Consell hizo un llamado a los diferentes partidos políticos para alcanzar un consenso que permita dar luz verde a una normativa integral para combatir las molestias derivadas de estas actividades, evitando sancionar directamente a los propietarios de alquileres turísticos. Juan recalcó la necesidad de un régimen sancionador que no responsabilice injustamente a los dueños de las viviendas si estos no están informados de las infracciones de sus inquilinos, lo cual podría quebrantar la legalidad vigente.
