La historia comenzó en verano de 2017 en una de las discotecas más importantes de Ibiza. Y tendrá un nuevo capítulo (¿el final?) el mes próximo, en los tribunales de la isla. El 4 de marzo es la fecha del juicio que resolverá la presunta paternidad de un multimillonario belga, denunciado por una bailarina española.
Aunque no es residente de la isla, la mujer en cuestión, de 35 años, trabajaba como bailarina gogó durante la temporada en uno de los clubes nocturnos más famosos de Ibiza.
El hombre, dedicado a la compraventa de antigüedades , visitaba cada verano su lujosa casa en Ibiza. Sus miradas se cruzaron en aquella discoteca: fue el inicio de una relación que se extendió por aproximadamente dos años.
“Su relación no era continua, estaba marcada por idas y vueltas”, cuenta a La Voz de Ibiza el abogado Fernando Osuna, representante de la mujer española en la demanda y especialista en este tipo de casos.
Según el letrado, el hombre demandado es “un belga de mucho patrimonio”: cuenta con coches de lujo, una residencia enorme en Ibiza y un capital de más de 3 millones de euros. El hombre, que ronda los 40, visitaba la isla pitiusa de mayo a octubre, período en el cual era habitual que la bailarina lo visitara por varios días en su mansión.
“Fuera de temporada, ella iba a Bélgica o a veces a París. Él le pagaba los pasajes y alojamientos”, añade Osuna. Eran viajes de una semana o diez días. Aunque con altibajos, su relación, según el abogado “estaba consolidada”, y sus familiares estaban al tanto de la misma.
Hasta que “queda embarazada y él rompe relaciones”. Hasta hoy, según pudo saber La Voz de Ibiza, continúa soltero.
Interrumpir el embarazo
Tan pronto como advirtió los primeros síntomas, la mujer avisó a su pareja que había quedado embarazada. “Él no quería que ella siguiera con el embarazo. Incluso, algunos de sus familiares la llamaron y le escribieron para motivarla a que lo interrumpiera”, cuenta el abogado, aunque aclara que “no hubo coacciones”.
La bailarina ibicenca, sin embargo, “mantuvo su postura; ella no quería abortar”.
La relación, entonces, se cortó abruptamente. “Es algo muy común que ante un embarazo no deseado ocurran estas situaciones”, opina Osuna.
Ante la decisión firme de continuar el embarazo, él decidió terminar la relación y no volvieron a hablarse. Durante el proceso judicial, siempre negó ser el padre del niño. De hecho, nunca ha hecho por verle.
Un largo proceso
Mientras gestaba a su hijo, la demandante inició y siguió de cerca las novedades judiciales de un proceso lleno de dilaciones.
“Cuando él se negó a reconocer al niño como su hijo, ella me contactó y presentamos la demanda, que ha tardado mucho. En el medio, nos ha cogido el covid. Además, hubo muchas incidencias sobre qué juzgado debería llevarlo: si el de Madrid, donde vive ella, o si el de Ibiza, donde él tiene residencia. Finalmente, el juzgado competente resultó el de Ibiza”, detalla Osuna.
El ADN
Después de dilatar el proceso cuanto pudo, el padre debió aceptar hacerse la prueba de ADN. Osuna explica que Ley de Enjuiciamiento establece que aquel presunto padre que en un proceso judicial que no acudiere a las pruebas de ADN, “si hay indicios o pruebas indirectas (como el parecido, o que la historia que fuera al menos creíble)”, se le podría declarar padre.
En este caso, “había varios correos electrónicos o mensajes de WhatsApp que abonaban su paternidad, por lo que no tuvo opción”, ha dicho el abogado.
El ADN arrojó una prueba casi irrefutable: hay un 99,99 % de probabilidades de que el empresario sea el padre del niño.
A las puertas del juicio
El abogado y su clienta solicitaron al juez la asignación de 1.500 euros por mes para el menor de manera provisional. El juez determinó que, al menos mientras se resuelve el juicio, sean 500 euros mensuales. En concepto de atrasos, se le obligó a pagar 20.000 euros.
La cifra de la pensión podría aumentar si, como da por hecho Osuna, se confirma la paternidad del acusado en el juicio del próximo 4 de marzo.
Para el letrado, ya está casi todo dicho a raíz de la prueba de ADN. “Hay poco que debatirse con una prueba científica tan fuerte, por lo que no valdrán de mucho los testigos”, destaca Osuna.
En el caso de que se confirme que el empresario belga es el padre del niño, el menor no solo adquirirá derechos hereditarios, sino que quedaría firme la obligación de darle una pensión, que podría incrementarse de los 500 euros actuales, con la correspondiente actualización de los atrasos.
“Dependerá del criterio del juez. Algunos basan la pensión en una proporción de ingresos de los padres, con lo cual podría llegarse a los 1.500 euros mensuales, o algo menos. Pero otros consideran que, aunque el padre sea multimillonario, es suficiente con que entregue a su hijo un dinero que se acomode a las necesidades del niño”, dice Osuna.
Hasta ahora no se ha planteado un régimen de visitas. El abogado ha adelantado que, si esto ocurriera, él y su clienta se opondrán. “Es un padre que no quiere a su hijo, que ha renegado de su hijo o hecho todo lo posible para que no sea su hijo judicialmente”, justifica.
