La polémica por la nueva flota de ambulancias de Baleares volvió este martes al pleno del Parlament, donde la consellera de Salud, Manuela García, defendió que los vehículos “no supondrán ningún sobrecoste”, pese a las crecientes críticas de trabajadores y oposición. La consellera aseguró que las ambulancias estarán operativas “a lo largo del mes de diciembre” en Mallorca, Menorca e Ibiza, una previsión que llega después de que varias unidades hayan tenido que ser parcialmente desmontadas por superar el peso que pueden conducir la mayoría de técnicos sanitarios.
La diputada socialista Patricia Gómez preguntó por la planificación real de la puesta en marcha de la flota, denunciando que “cada semana se ofrece información contradictoria”. García sostuvo que ahora mismo se están realizando las inspecciones técnicas necesarias y que los profesionales del GSAIB están recibiendo formación para familiarizarse con los nuevos vehículos, que describió como “más accesibles y superiores”.
Sin embargo, la comparecencia dejó sin responder las cuestiones centrales planteadas por la socialista. Gómez preguntó directamente si es cierto que el Govern paga “800.000 euros al mes a la empresa propietaria, circulen o no las ambulancias”, una cifra que no fue confirmada ni desmentida por la consellera. Tampoco respondió sobre si la administración abonará un complemento salarial a los técnicos sanitarios, ahora obligados a sacarse el carnet C para poder conducir los nuevos modelos.
García se limitó a insistir en que las ambulancias “no suponen sobrecoste” y que la formación para obtener el nuevo permiso de conducción debe entenderse como “una inversión”, esquivando nuevamente el debate sobre el impacto económico y laboral de la actualización de la flota. “Es un salto cualitativo, aunque no espero que lo reconozca”, le dijo a Gómez, sin entrar en el fondo de las cuestiones planteadas.
La socialista criticó la falta de concreción del Govern y acusó a la consellera de “echar balones fuera” y de responsabilizar a factores externos de su “inoperancia”. Mientras tanto, los técnicos sanitarios siguen reclamando transparencia, seguridad jurídica y claridad sobre las condiciones en las que deberán operar los nuevos vehículos en todos los territorios, incluida Ibiza, donde el servicio es esencial para la atención urgente.
