El proceso para aprobar el nuevo reglamento del taxi y de los VTC —entre ellos Uber— en Baleares ha dado un giro inesperado. El Consell Consultiu ha exigido al Govern reabrir el trámite de audiencia e información pública, al apreciar que el texto fue «modificado de forma sustancial» después de la primera exposición pública sin ofrecer a los sectores afectados la posibilidad de presentar nuevas alegaciones. La decisión frena el calendario que manejaba el Ejecutivo autonómico y devuelve el decreto a una fase que se daba por superada.
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La reapertura del trámite figura en una resolución firmada el 19 de diciembre por el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y publicada en el portal de participación ciudadana del Govern. El nuevo periodo de exposición pública se articula por vía de urgencia y permanecerá abierto hasta el 2 de enero, con un plazo de siete días hábiles (se cuentan desde este lunes 22 de diciembre) para presentar alegaciones, tanto por vía telemática como presencial. El propio Govern deja constancia en la resolución de que el paso responde a una exigencia del Consultiu, no a una decisión voluntaria.
Por qué el Consultiu obliga a repetir el trámite
El origen de la decisión es estrictamente jurídico. Según recoge la resolución, el presidente del Consell Consultiu comunicó el 18 de diciembre a la presidenta del Govern que, al examinar el expediente, se había detectado que tras los trámites de audiencia y participación ya realizados se incorporaron al proyecto modificaciones que el órgano considera “sustanciales”. En ese contexto, el Consultiu concluye que resulta imprescindible repetir la información pública, en aplicación de su doctrina y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, citando expresamente la sentencia 519/2025, de 6 de mayo.
El documento no entra a enumerar qué cambios concretos motivan la exigencia, pero deja claro que no basta con haber informado una primera versión del texto si este se altera después de manera relevante. De lo contrario, el decreto quedaría expuesto a riesgo de nulidad por vulnerar los principios de participación y transparencia. Ese es el escenario que ahora trata de evitar el Govern reabriendo el trámite.
Un reglamento con múltiples idas y vueltas
El reglamento del taxi y VTC no ha seguido un camino lineal. Arrancó a comienzos de 2025 con consultas públicas separadas para taxi y VTC, que posteriormente se unificaron en un solo texto. Tras la primera exposición pública, el proyecto ha pasado por cinco borradores, incorporando cambios derivados de informes sectoriales y dictámenes técnicos.
Precisamente en esa fase posterior a la primera información pública se introdujeron algunos de los cambios más sensibles, lo que ahora obliga a retroceder un paso en el procedimiento. El Govern ha optado por la vía de urgencia para no alargar aún más la tramitación, pero el calendario previsto queda alterado. El Ejecutivo autonómico no había dado fechas para aprobar el reglamento, apero pretendía que estuviera listo a principios de 2026.
Un antecedente clave: el cambio sobre el tamaño de los coches
La resolución de la Consellería no especifica cuáles son los “cambios sustanciales” que impulsan un nuevo período de exposición pública.
Entre las modificaciones más discutidas del reglamento figura la relativa a los requisitos de los vehículos, en concreto la eliminación de la excepción que permitía a los coches híbridos no cumplir la longitud mínima exigida. En las primeras versiones del borrador, esa excepción existía y fue la que se sometió a información pública. Sin embargo, en versiones posteriores —a partir del tercer borrador— el Govern decidió suprimirla, dejando la rebaja de longitud únicamente para vehículos 100 % eléctricos u otras energías alternativas, y ya no abrió un nuevo periodo de alegaciones.
Ese cambio generó inquietud en el sector del taxi, especialmente entre profesionales que habían adquirido o proyectaban adquirir vehículos híbridos al amparo del texto inicial. Desde el Govern se defendía que el trámite de participación ya estaba cerrado, mientras que algunos taxistas cuestionaban que se hubiera alterado una condición técnica relevante sin posibilidad de opinar.
La urgencia y el bloqueo de licencias
La resolución justifica la tramitación urgente en un contexto concreto: la vigencia del decreto ley que mantiene suspendidas las nuevas licencias de taxi y las autorizaciones de VTC hasta que entre en vigor el reglamento definitivo, como máximo, hasta el 21 de febrero de 2026, cuando vence la prórroga anual prevista en el decreto ley..
Ahora, el el reglamento deberá superar este nuevo período de exposición pública antes de regresar al Consell Consultiu para que emita su dictamen definitivo.
Al tratarse de una retroacción limitada al trámite de información pública —y no de una anulación del procedimiento—, el decreto deberá volver al Consell Consultiu para dictamen una vez analizadas las alegaciones, sin que sea necesario repetir los informes sectoriales ya emitidos.
Así, una vez cerrado este segundo periodo de información pública, la Dirección General de Movilidad deberá analizar las alegaciones, introducir —si procede— nuevos ajustes y reenviar el proyecto al Consell Consultiu. Solo después de contar con su dictamen favorable definitivo, el decreto podrá elevarse al Consell de Govern para su aprobación.
Por ahora, el reglamento llamado a ordenar el futuro del taxi y Uber en Ibiza vuelve a abrirse a la participación ciudadana, no por voluntad política, sino por exigencia expresa del máximo órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.
